Fuente: CBC News/ RCI
OTTAWA (10 de septiembre de 2026).- Las solicitudes de certificados de ciudadanía canadiense están acumulando retrasos sin precedentes, con más de 136.000 expedientes pendientes y un tiempo estimado de procesamiento de hasta 33 meses, según las cifras más recientes de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC).
El tiempo de espera representa un incremento del 32 % respecto de la actualización anterior, publicada el 10 de agosto, mientras que el número de solicitudes pendientes aumentó un 11 %. En mayo de 2025, antes de la entrada en vigor del proyecto de ley C-3, el procesamiento estimado de este tipo de solicitudes era de apenas cinco meses.
El incremento se produce menos de un año después de que el Parlamento canadiense modificara las normas de ciudadanía por descendencia, permitiendo que determinadas personas con antepasados canadienses puedan ser reconocidas como ciudadanas, incluso cuando el vínculo familiar con Canadá se remonta a varias generaciones.
Un sistema sometido a una presión creciente
Christine Beltempo, presidenta de la sección de inmigración de la Canadian Bar Association y abogada de McCarthy Tétrault, expresó preocupación por el aumento “exponencial” de los tiempos de procesamiento.
Según Beltempo, los profesionales de inmigración ya habían advertido durante la elaboración del proyecto de ley C-3 que los cambios provocarían un fuerte incremento de las solicitudes de certificados que acreditan la ciudadanía canadiense.
La abogada considera necesario que IRCC destine más personal y recursos a este tipo de expedientes, especialmente porque espera que el volumen de solicitudes continúe aumentando durante el próximo año.
IRCC, por su parte, sostiene que el incremento no responde exclusivamente a la entrada en vigor de la nueva legislación.
La portavoz del organismo, Briannah Dale, explicó que el departamento está siguiendo la evolución del número y las características de las solicitudes y ha puesto en marcha medidas operativas para hacer frente al aumento de la demanda, entre ellas la clasificación de expedientes, mejoras en los procesos de recepción, capacitación y contratación de personal adicional y ajustes en la gestión de cargas de trabajo.
El organismo también advierte que algunos expedientes son particularmente complejos y requieren una amplia documentación y verificaciones adicionales, por lo que los tiempos reales pueden variar.
La nueva realidad de los llamados “canadienses perdidos”
Antes de la entrada en vigor del proyecto de ley C-3, la ciudadanía canadiense por descendencia estaba limitada, en términos generales, a la primera generación nacida o adoptada fuera de Canadá de un ciudadano canadiense.
Esa restricción fue cuestionada judicialmente y considerada inconstitucional, lo que llevó a cambios legislativos destinados a solucionar la situación de personas conocidas como “lost Canadians”, o “canadienses perdidos”: individuos que tenían vínculos familiares con Canadá pero que no podían ser reconocidos como ciudadanos debido a las antiguas reglas.
Desde el 15 de diciembre, cuando entró en vigor Bill C-3, personas residentes en distintos países pueden demostrar su vínculo con Canadá mediante sus antepasados y, bajo las nuevas condiciones, obtener el reconocimiento de ciudadanía.
La magnitud de la demanda, sin embargo, ha sorprendido al sistema administrativo canadiense.
Los archivos y organismos encargados de conservar documentos históricos han recibido numerosas solicitudes de partidas de nacimiento, registros migratorios y otros documentos destinados a demostrar vínculos familiares con antepasados canadienses. En algunos casos, los solicitantes necesitan reconstruir árboles genealógicos que se remontan siete u ocho generaciones.
En octubre de 2025, la entonces responsable de Inmigración había indicado ante un comité parlamentario que se esperaba que el impacto de la reforma se limitara a “decenas de miles” de solicitudes a lo largo del tiempo y que no se anticipaba un aumento repentino.
Los datos actuales apuntan a una presión considerablemente mayor sobre el sistema.
Estados Unidos concentra una parte importante de los nuevos ciudadanos
Los estadounidenses representan una parte significativa de los beneficiarios de la nueva normativa. Según los datos más recientes disponibles de IRCC, correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre y junio, aproximadamente la mitad de las personas reconocidas como ciudadanas canadienses bajo Bill C-3 habían nacido en Estados Unidos.
En total, durante ese período se concedieron 32.635 certificados en las distintas categorías, incluidos los relacionados con Bill C-3, certificados para personas de primera generación y documentos de reemplazo.
La distribución por género fue prácticamente equilibrada: 16.250 certificados correspondieron a hombres, 16.285 a mujeres, mientras que 45 fueron concedidos a solicitantes que indicaron “otro” como género y otros 55 casos tenían el género desconocido.
Los datos también cuestionan algunas especulaciones difundidas en redes sociales según las cuales un gran número de estadounidenses de mayor edad estaría solicitando la ciudadanía canadiense con la intención de trasladarse a Canadá y acceder al sistema sanitario.
De acuerdo con las cifras oficiales, solamente 3.650 certificados de todas las categorías fueron concedidos a personas mayores de 55 años.
El grupo de edad más numeroso correspondió a menores de 14 años, con 16.435 certificados, muchos de ellos posiblemente relacionados con niños nacidos en el extranjero de padres canadienses.
Otros 2.880 certificados correspondieron a jóvenes de entre 14 y 17 años, mientras que las personas de entre 18 y 54 años recibieron 9.670 certificados.
Un documento clave para quienes quieren establecerse en Canadá
El certificado de ciudadanía es un documento fundamental para quienes necesitan demostrar oficialmente que son ciudadanos canadienses. Puede permitirles, entre otras cosas, trasladarse a Canadá y solicitar un pasaporte canadiense.
Sin embargo, la ciudadanía no significa automáticamente que una persona pueda participar en todos los procesos electorales del país.
Elections Canada establece que un ciudadano canadiense que nunca haya vivido en Canadá no puede votar en una elección federal. De manera similar, los ciudadanos que viven permanentemente fuera de Alberta tampoco pueden participar en determinados procesos electorales provinciales, como el próximo referéndum sobre soberanía de esa provincia, salvo que cumplan los requisitos de residencia establecidos.
Posible batalla judicial por los retrasos
Los prolongados tiempos de procesamiento también podrían generar consecuencias legales.
El abogado de inmigración Colin Singer ha advertido que la incapacidad de IRCC para controlar el creciente volumen de solicitudes podría terminar ante los tribunales. Singer sostiene que los retrasos pueden representar obstáculos importantes para personas que necesitan acreditar su ciudadanía para trabajar entre Canadá y otros países, estudiar o trasladarse con sus familias.
Una posibilidad para los solicitantes que permanezcan durante períodos excesivamente prolongados en el sistema sería recurrir al Tribunal Federal de Canadá mediante una solicitud de mandamus, un mecanismo que puede pedir al tribunal que ordene a una autoridad pública que tome una decisión dentro de un plazo determinado.
Presión política sobre el gobierno de Mark Carney
El creciente retraso también ha provocado críticas desde la oposición.
Jenny Kwan, crítica de inmigración del NDP, instó al gobierno del primer ministro Mark Carney a proporcionar a IRCC los recursos necesarios para hacer frente a lo que calificó como una crisis creciente.
Kwan señaló que el último presupuesto federal contempla la eliminación de 3.300 puestos de trabajo para 2028-29, en un momento en que el sistema migratorio y de ciudadanía enfrenta un incremento de la demanda.
La parlamentaria afirmó que es inaceptable que personas con un derecho legítimo a la ciudadanía canadiense, reconocido mediante legislación aprobada por el Parlamento, permanezcan durante años en un estado de incertidumbre que puede afectar sus viajes, trabajo, estudios y planificación familiar.
Desde el Partido Conservador, la crítica de inmigración Michelle Rempel Garner sostuvo que su partido ya había advertido al gobierno sobre los posibles problemas derivados de la ampliación de la ciudadanía por descendencia.
Rempel Garner cuestionó las garantías ofrecidas anteriormente por el gobierno de que existirían mecanismos suficientes para absorber el aumento de solicitudes, aunque también advirtió que una solución no puede consistir simplemente en aprobar masivamente los expedientes acumulados sin realizar las verificaciones correspondientes.
El desafío para Ottawa es ahora doble: garantizar que las personas que cumplen legalmente los requisitos puedan demostrar su ciudadanía y, al mismo tiempo, evitar que el creciente volumen de solicitudes paralice un sistema que ya ha pasado de cinco meses de espera a una estimación de casi tres años.