Fuente: The Canadian Press
Expertos advierten que el proyecto de ley del Gobierno liberal podría vulnerar derechos protegidos por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades
OTTAWA (17 de agosto de 2026).- La propuesta del Gobierno federal de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales podría terminar ante los tribunales canadienses, después de que expertos en derechos civiles y constitucionales advirtieran que la medida podría entrar en conflicto con libertades protegidas por la Carta canadiense de Derechos y Libertades.
Las advertencias llegan pocos días después de que el máximo tribunal de Francia invalidara una legislación que prohibía las redes sociales a los menores de 15 años, al considerar que la medida era demasiado amplia y vulneraba la libertad de expresión.
El profesor asociado de Derecho de la Universidad Dalhousie, Michael Karanicolas, considera que un desafío constitucional contra la legislación canadiense sería prácticamente inevitable si el proyecto se convierte en ley.
“Si hablamos de una intervención tan importante en el espacio de las redes sociales y en el ámbito de la expresión, habrá organizaciones con los recursos y la experiencia necesarios para presentar un desafío”, señaló.
El Gobierno liberal presentó en junio el proyecto de ley C-34, que todavía debe completar el proceso parlamentario antes de convertirse en legislación. La iniciativa permitiría que las plataformas de redes sociales obtuvieran una exención si demostraban que habían establecido suficientes medidas de protección para los menores.
Expertos cuestionan el alcance de la prohibición
La principal preocupación de los especialistas está relacionada con el alcance de la propuesta y su posible impacto sobre la libertad de expresión y la privacidad.
Tamir Israel, director del programa de privacidad, vigilancia y tecnología de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, señaló que el proyecto canadiense comparte varias características con la legislación francesa que fue anulada.
Entre ellas se encuentra una definición amplia de lo que constituye una red social y el carácter general de la prohibición, que no distinguiría necesariamente entre adolescentes de diferentes edades ni permitiría evaluar individualmente las circunstancias de cada menor.
“Para algo tan novedoso y categórico, habrá desafíos con seguridad”, afirmó Israel.
Según el especialista, la propuesta también podría afectar especialmente a jóvenes que utilizan internet para encontrar información o establecer vínculos con otras personas que atraviesan experiencias similares.
Israel puso como ejemplo a los jóvenes LGBTQ+, para quienes las comunidades digitales pueden representar, en determinadas circunstancias, “el único sentido de comunidad” disponible y una fuente esencial de información.
El caso de Greta Thunberg
Los expertos también citaron el caso de la activista climática sueca Greta Thunberg, quien tenía 15 años cuando alcanzó reconocimiento internacional por su activismo ambiental.
Karanicolas argumentó que, aunque los menores de 16 años no tienen derecho a votar, sí están afectados por las decisiones políticas y deberían poder participar en el debate público.
“Pueden no tener derecho al voto, pero tienen mucho en juego cuando se trata del discurso político”, sostuvo.
El profesor de Dalhousie considera que las redes sociales constituyen actualmente una de las principales vías mediante las cuales los jóvenes pueden expresar sus opiniones sobre asuntos políticos y sociales.
A su juicio, impedirles el acceso podría limitar su capacidad para participar en el debate público y relacionarse con el resto de la sociedad.
La proporcionalidad será clave
Karanicolas señaló que la decisión del tribunal francés parece haber estado particularmente centrada en la falta de proporcionalidad de la prohibición.
El tribunal habría considerado problemático que la legislación se aplicara a todos los menores sin una evaluación específica de sus diferentes niveles de vulnerabilidad y sin tener en cuenta las circunstancias particulares de cada familia.
Según Karanicolas, un enfoque tan amplio podría representar un problema ante la justicia canadiense, ya que la Corte Suprema de Canadá ha prestado especial atención a la proporcionalidad y al alcance de las restricciones de derechos fundamentales en casos anteriores.
James Turk, director del Centre for Free Expression de Toronto Metropolitan University, también cuestionó la constitucionalidad de una prohibición generalizada.
Explicó que, cuando el Gobierno limita un derecho protegido por la Carta, debe demostrar que la medida constituye una forma justificable y lo menos restrictiva posible de alcanzar un objetivo legítimo.
“Una prohibición general no es la forma menos restrictiva de hacerlo”, afirmó Turk.
El especialista recordó que los menores utilizan internet por numerosas razones legítimas, desde mantenerse en contacto con amigos hasta buscar información.
A su juicio, una prohibición general sería una respuesta demasiado amplia frente a problemas específicos relacionados con la seguridad infantil.
Ottawa defiende la iniciativa
El Gobierno federal aún no ha publicado una declaración de la Carta para el proyecto de ley C-34, documento que normalmente identifica las posibles repercusiones de una iniciativa legislativa sobre los derechos y libertades protegidos constitucionalmente.
Un portavoz del ministro de Cultura, Marc Miller, defendió la propuesta y aseguró que el proyecto pretende aumentar las responsabilidades de las plataformas digitales y de los chatbots de inteligencia artificial.
Según el Gobierno, las empresas deberán cumplir obligaciones mínimas para que sus servicios sean “más seguros desde el diseño” para los menores, al tiempo que se protegerá la libertad de expresión y se abordarán determinadas formas claramente definidas de contenido perjudicial que representan riesgos graves para los niños.
La iniciativa no establece simplemente una prohibición absoluta: las plataformas podrán solicitar una exención si demuestran que cuentan con mecanismos adecuados para proteger a los menores.
Los conservadores piden equilibrio
El Partido Conservador todavía no ha adoptado una posición definitiva sobre la prohibición propuesta.
Arpan Khanna, portavoz conservador de Justicia, afirmó que su partido está analizando las medidas destinadas a proteger a los menores, pero advirtió que cualquier exceso que afecte las libertades civiles sería motivo de preocupación.
Khanna señaló que los conservadores están dispuestos a trabajar con el gobierno para encontrar soluciones que permitan proteger a los niños sin vulnerar derechos fundamentales.
Canadá forma parte de un grupo cada vez mayor de países que han comenzado a estudiar restricciones de edad para las redes sociales. El debate internacional cobró fuerza después de que Australia se convirtiera en diciembre de 2025 en el primer país en prohibir el acceso de los menores a determinadas redes sociales.
La propuesta canadiense llega ahora a una etapa decisiva en el Parlamento, mientras crece el debate sobre cuál es el equilibrio adecuado entre proteger a niños y adolescentes de los riesgos de internet y garantizar sus derechos a la privacidad, la información y la libertad de expresión.
Si el proyecto C-34 supera el proceso legislativo y entra en vigor en su forma actual, expertos consultados consideran altamente probable que su alcance sea puesto a prueba ante los tribunales canadienses.