THE CANADIAN PRESS
St. John’s (19 de mayo de 2026)— Un panel independiente concluyó que el acuerdo energético marco con Hydro-Québec no está en el mejor interés de Newfoundland y Labrador, desatando una nueva ronda de tensiones políticas y económicas entre ambas provincias en un momento clave para el futuro hidroeléctrico del Atlántico canadiense.
El informe, hecho público este martes, cuestiona la estructura de precios, la distribución de beneficios y la gobernanza del acuerdo no vinculante firmado en 2024, al que califica como potencialmente desventajoso para la provincia atlántica. El gobierno provincial respondió abriendo la puerta a renegociaciones inmediatas.
Un acuerdo millonario bajo sospecha
El pacto energético, en su forma actual, contempla ingresos estimados en unos 36 mil millones de dólares hasta 2085 para Newfoundland y Labrador, pero el panel advierte que estas cifras podrían estar infladas o incompletas debido a supuestos erróneos en las evaluaciones del gobierno anterior.
El comité también acusa a la antigua administración liberal de haber intervenido en las negociaciones de forma que pudo debilitar la posición de la provincia.
Más allá de los números, el informe lanza una crítica estructural: el diseño del acuerdo podría consolidar una relación desigual en la explotación del recurso hidroeléctrico del río Churchill, uno de los activos energéticos más importantes del país.
El núcleo del conflicto: Churchill Falls
El proyecto gira en torno a la central hidroeléctrica de 5.428 megavatios en Churchill Falls, operada conjuntamente por Newfoundland and Labrador Hydro y Hydro-Québec. Históricamente, el contrato vigente —firmado en 1969— ha sido considerado uno de los más desequilibrados de Canadá, permitiendo a Quebec comprar electricidad a precios extremadamente bajos hasta su expiración en 2041.
El nuevo acuerdo buscaba precisamente reemplazar ese modelo. Sin embargo, el panel advierte que, pese a la renegociación, Quebec mantendría una posición dominante: controlaría cerca del 80% de la futura capacidad de generación proyectada de más de 9.000 megavatios, a pesar de ser un socio minoritario.
Riesgo de limitar el desarrollo económico
Uno de los puntos más críticos del informe es la asignación de solo 500 megavatios adicionales para Newfoundland y Labrador entre 2042 y 2075. Según el panel, esta limitación podría frenar el crecimiento económico, especialmente en sectores como la minería en el oeste de Labrador, altamente dependientes de energía barata y abundante.
Además, el documento advierte sobre un posible cuello de botella estructural: la falta de capacidad de transmisión a través de Quebec impediría a la provincia acceder directamente a mercados de exportación más amplios, reduciendo su poder de negociación futuro.
Acusaciones de conflicto de interés
El informe también cuestiona el rol de Hydro-Québec, señalando un posible conflicto de interés al actuar simultáneamente como accionista minoritario y principal comprador de proyectos de expansión hidroeléctrica en Labrador.
Para el panel, esta doble función podría distorsionar las condiciones del mercado y favorecer a Quebec en detrimento de Newfoundland y Labrador.
Choque político abierto y mediación federal
El primer ministro provincial Tony Wakeham reaccionó invitando a Quebec a renegociar el acuerdo y solicitando la participación del gobierno federal. Ottawa, por su parte, ha mostrado disposición a intervenir si es necesario, en un contexto en el que Canadá busca reforzar su soberanía energética.
El primer ministro federal Mark Carney afirmó estar en contacto con ambas provincias y aseguró que el gobierno “hará lo necesario” para facilitar las conversaciones.
Quebec advierte: cualquier cambio tendrá costo
Desde Quebec, la posición es más cauta. La primera ministra Christine Fréchette señaló que está abierta a revisar elementos del acuerdo, pero advirtió que cualquier concesión tendrá contraprestaciones.
“Si Newfoundland y Labrador quiere revisar ciertos aspectos, nosotros también tendremos nuestras demandas”, dijo, subrayando que “el equilibrio general debe mantenerse”.
Un futuro energético incierto
El conflicto revive una disputa histórica sobre el control de los recursos hidroeléctricos del río Churchill, pero ahora en un contexto más complejo: la transición energética, la demanda industrial creciente y la competencia global por energía limpia.
Mientras el acuerdo original buscaba dar estabilidad a largo plazo, el informe del panel sugiere lo contrario: un modelo que podría perpetuar desequilibrios estructurales en lugar de resolverlos, dejando el futuro energético de Newfoundland y Labrador en el centro de una negociación aún abierta y políticamente sensible.