Fuente: The Canadian Press
Toronto (27 de julio de 2026).- La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, solicitó al gobierno de la provincia de Ontario que devuelva a la ciudad los terrenos expropiados en las Islas de Toronto, después de que el gobierno federal rechazara el proyecto para ampliar el aeropuerto Billy Bishop y permitir la operación de aviones a reacción.
La petición fue presentada este lunes, pocos días después de que el ministro federal de Transporte, Steven MacKinnon, anunciara que Ottawa no seguirá adelante con la propuesta impulsada por el primer ministro de Ontario, Doug Ford, tras analizar los resultados de una consulta pública.
«Devuélvannos nuestro frente costero», escribió Chow en sus redes sociales, al tiempo que informó que presentó junto con la concejala Ausma Malik una moción urgente ante el Concejo Municipal para exigir la restitución de los terrenos ubicados en las Islas de Toronto y sus alrededores.
La iniciativa busca que el gobierno provincial derogue la Ley 110 (Bill 110), aprobada en junio, que otorga a Ontario la facultad de tomar el control de la totalidad de las Islas de Toronto. Aunque el gobierno provincial aseguró que solo utilizaría los terrenos estrictamente necesarios para el proyecto aeroportuario, el texto de la legislación permite una intervención mucho más amplia.
Además de la expropiación, la provincia reemplazó al Ayuntamiento de Toronto en el histórico acuerdo tripartito que regula las operaciones del aeropuerto Billy Bishop. Desde entonces, Ontario ocupa el lugar de la ciudad junto al Gobierno federal y la Toronto Port Authority, organismo federal independiente responsable de la gestión del aeropuerto.
Doug Ford ha defendido la ampliación del aeropuerto como una oportunidad para convertirlo en una «joya de la corona» de la infraestructura provincial, argumentando que el proyecto podría aportar miles de millones de dólares a la economía cada año.
Durante el debate legislativo sobre la iniciativa, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Toronto, RJ Steenstra, estimó que la expansión tendría un costo de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares a lo largo de 25 años, financiado por las aerolíneas y los pasajeros.
Steenstra indicó entonces que los planes preliminares habían sido compartidos con los gobiernos federal y provincial, pero no con el Ayuntamiento de Toronto, alegando problemas de agenda.
Sin embargo, Chow afirmó que la ciudad sigue sin conocer los detalles del proyecto.
«Hemos exigido ver los planes, pese a que la Autoridad Portuaria de Toronto los ha mantenido ocultos», sostuvo la alcaldesa, quien aseguró que el municipio ha estudiado los posibles efectos sobre la vivienda, el medio ambiente, la congestión vehicular y los espacios públicos.
También cuestionó quiénes serían los principales beneficiarios de la expansión, señalando que la terminal de pasajeros del aeropuerto pertenece a Nieuport Aviation, empresa controlada por la firma estadounidense J.P. Morgan Asset Management.
El viernes pasado, MacKinnon explicó que el gobierno federal priorizará únicamente las mejoras de seguridad que ya están en marcha en el aeropuerto y descartó avanzar con cualquier proyecto que afecte espacios públicos emblemáticos como Little Norway Park o la playa Hanlan’s Point.
Asimismo, el ministro señaló que Ottawa no apoyará iniciativas que incrementen el ruido, provoquen impactos ambientales significativos o dificulten la construcción de nuevas viviendas, una de las prioridades del desarrollo urbano de Toronto.
Pese al rechazo federal, el ministro de Transporte de Ontario, Prabmeet Sarkaria, reiteró que la provincia continuará promoviendo la expansión del aeropuerto, aunque aseguró que espera un proyecto que proteja los espacios públicos, minimice los impactos ambientales y contribuya al desarrollo habitacional de la zona.
La decisión del Gobierno federal fue celebrada por los partidos de oposición en Ontario, que instaron a Doug Ford a abandonar definitivamente la iniciativa.
La líder del Nuevo Partido Democrático (NDP) de Ontario, Marit Stiles, afirmó que la Ley 110 sigue vigente y advirtió que el gobierno provincial mantiene amplias facultades sobre las Islas de Toronto y Little Norway Park.
Por su parte, el legislador liberal Adil Shamji calificó la norma como «un pésimo acuerdo» y pidió su derogación inmediata, acusando al gobierno de Ford de impulsar proyectos ambiciosos sin la planificación adecuada.
El enfrentamiento entre Ottawa, la provincia de Ontario y el Ayuntamiento de Toronto refleja las crecientes tensiones sobre el futuro del aeropuerto Billy Bishop, una infraestructura clave para el transporte regional cuya posible expansión enfrenta objeciones por sus implicaciones ambientales, urbanísticas y económicas.