Fuente: The Canadian Press
Calgary (27 de julio de 2026) La provincia canadiense de Alberta permitirá, a partir del próximo viernes, que los pacientes accedan por iniciativa propia a diversas pruebas de diagnóstico médico en clínicas privadas, sin necesidad de una remisión médica, una medida que el gobierno provincial presenta como una herramienta para acelerar la detección del cáncer, pero que ha reavivado el debate sobre el avance de un sistema de salud de dos niveles en Canadá.
El anuncio fue realizado este lunes por la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, quien aseguró que los ciudadanos podrán pagar de su propio bolsillo estudios como resonancias magnéticas (MRI), ecografías, radiografías y tomografías computarizadas (CT), con la posibilidad de ampliar la lista de servicios en el futuro.
Según el gobierno provincial, la eliminación del requisito de una remisión médica permitirá que las personas obtengan diagnósticos más rápidos, especialmente en casos de cáncer, sin afectar los tiempos de espera de quienes acceden al sistema público mediante la derivación de un profesional de la salud.
«Queremos poner el poder en manos del paciente para que pueda realizarse esas pruebas que le den tranquilidad y, con suerte, recibir un resultado que descarte cualquier enfermedad», afirmó Smith durante una conferencia de prensa.
La mandataria explicó que los pacientes deberán asumir inicialmente el costo de los exámenes. Sin embargo, quienes obtengan posteriormente un diagnóstico de cáncer podrán solicitar el reembolso del dinero pagado por las pruebas.
Hasta ahora, los habitantes de Alberta ya podían recurrir a servicios privados de diagnóstico, pero únicamente con una remisión emitida por un médico u otro profesional sanitario autorizado. La nueva normativa elimina ese requisito y permite que cualquier persona solicite directamente los estudios disponibles.
El gobierno indicó que las clínicas privadas que participen en el programa deberán garantizar que los pacientes remitidos por el sistema público continúen teniendo prioridad en la atención.
El ministro de Servicios de Atención Primaria y Preventiva, Justin Wright, aseguró que las clínicas estarán obligadas a mantener los mismos niveles de acceso que existían antes de la entrada en vigor de la medida.
Por su parte, el radiólogo Rob Davies, expresidente de la Sociedad de Radiólogos de Alberta, consideró que el impacto sobre la capacidad del sistema será limitado.
«Incluso si esta iniciativa cuadruplicara el número de personas dispuestas a pagar por estas pruebas, seguiría representando una proporción relativamente pequeña de nuestra capacidad. Creemos que es algo manejable», señaló.
No obstante, la iniciativa ha generado críticas de la oposición. Sharif Haji, portavoz del opositor Nuevo Partido Democrático (NDP) para asuntos de atención primaria y preventiva, sostuvo que la decisión consolida un sistema sanitario de dos niveles y advirtió que, lejos de resolver los problemas estructurales de la salud pública, podría terminar aumentando los tiempos de espera.
«Esto no va a solucionar los problemas que existen dentro de nuestro sistema de salud», afirmó.
La medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el gobierno del Partido Conservador Unido (UCP), que busca ampliar la participación del sector privado en la prestación de servicios sanitarios.
A partir de septiembre, algunos médicos también podrán ofrecer cirugías privadas de reemplazo de cadera y rodilla mientras continúan trabajando dentro del sistema público financiado por la provincia.
Smith defendió esta política argumentando que el sistema público no dispone de recursos suficientes para financiar todas las pruebas diagnósticas que podrían solicitar los ciudadanos cada año.
«Debe mantenerse un papel importante para los médicos, pero también debemos ofrecer la opción a quienes deseen pagar ellos mismos por estos servicios. No queremos impedirlo», sostuvo.
El gobierno provincial indicó que las tarifas de las pruebas diagnósticas serán fijadas por cada clínica participante, por lo que los costos variarán según el establecimiento.
La decisión de Alberta se produce en un contexto de creciente debate en Canadá sobre el equilibrio entre la atención sanitaria pública y la participación del sector privado, un tema que sigue generando posiciones encontradas entre gobiernos, profesionales de la salud y organizaciones defensoras del sistema universal canadiense.