Fuente: CBC News/RCI
Toronto, 11 de julio de 2026. Tras comprometerse con los aliados de la OTAN a elevar su inversión en defensa hasta el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2035, el principal desafío del gobierno canadiense ya no será únicamente aumentar el gasto militar, sino convencer a la ciudadanía y a sus socios internacionales de que cuenta con un plan financiero creíble para cumplir esa meta.
El debate cobra fuerza después de la reciente crisis política en el Reino Unido, donde las discrepancias sobre cómo financiar el incremento del presupuesto de defensa desencadenaron la renuncia del entonces ministro de Defensa, John Healey, y contribuyeron al colapso político del gobierno encabezado por Keir Starmer, convirtiéndose en un ejemplo de los riesgos que enfrentan los países aliados cuando los compromisos militares carecen de respaldo presupuestario suficiente.
Durante la última cumbre de la OTAN, los miembros de la alianza acordaron avanzar hacia una inversión equivalente al 5 % del PIB en materia de defensa para 2035. Ese objetivo se divide en un 3,5 % destinado a capacidades militares directas y un 1,5 % orientado a infraestructura estratégica, ciberseguridad y resiliencia nacional.
Aunque Canadá dispone de una situación fiscal considerada más sólida que la británica, analistas y diplomáticos europeos advierten que el verdadero desafío consistirá en explicar de manera transparente cómo se financiarán cientos de miles de millones de dólares adicionales sin comprometer otras prioridades del gasto público.
El gobierno del primer ministro Mark Carney ha anunciado inversiones de gran magnitud para modernizar las Fuerzas Armadas, entre ellas negociaciones para adquirir una nueva flota de submarinos y aeronaves de vigilancia temprana, proyectos que supondrán desembolsos de decenas de miles de millones de dólares durante los próximos años.
El presupuesto federal del año pasado contempló inversiones por 81.800 millones de dólares canadienses para el Departamento de Defensa Nacional, aunque solo 17.900 millones se destinaron directamente al fortalecimiento de capacidades militares. El resto financió incrementos salariales, nuevas bases en el norte del país, infraestructura tecnológica y sistemas de ciberdefensa.
A más largo plazo, Ottawa ha prometido invertir 540.000 millones de dólares canadienses en defensa durante la próxima década, una cifra cuya viabilidad financiera ha comenzado a ser objeto de creciente escrutinio.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha evitado publicar proyecciones detalladas del gasto militar año por año, una práctica que rompe con la tradición presupuestaria canadiense y que ha limitado el análisis público sobre la sostenibilidad del compromiso adquirido con la OTAN.
Consciente de las dudas, Carney anunció durante la cumbre aliada que el presupuesto federal previsto para el otoño incluirá una actualización completa sobre la evolución del gasto en defensa, el calendario de inversiones y la forma en que se financiarán tanto las capacidades militares como los proyectos de infraestructura vinculados a la seguridad nacional.
El primer ministro también recordó que el horizonte para alcanzar el objetivo del 5 % se extiende hasta 2035 y que la OTAN revisará ese compromiso en 2029, tomando en consideración la evolución del entorno estratégico internacional y las amenazas globales.
Según las previsiones del gobierno canadiense, para el momento de esa revisión el país ya habrá alcanzado aproximadamente un 4 % del PIB en inversión relacionada con la defensa, distribuido entre 2,5 % para gasto militar directo y 1,5 % para infraestructura estratégica. El último punto porcentual, el más costoso desde el punto de vista presupuestario, quedaría pendiente para los años posteriores a 2030.
La experiencia reciente del Reino Unido ha puesto de manifiesto que, para los gobiernos occidentales, el respaldo político al fortalecimiento de la defensa depende cada vez más de la confianza pública en la sostenibilidad de las finanzas estatales. En ese contexto, la transparencia presupuestaria y la credibilidad de los planes de inversión se perfilan como factores decisivos para que Canadá pueda cumplir sus compromisos internacionales sin generar tensiones fiscales internas.