Fuente: Department of Justice Canada
Ottawa (19 de junio de 2026).- El Gobierno de Canadá anunció la entrada en vigor de una de las reformas más amplias al Código Penal en varias décadas, luego de que la Ley de Protección de las Víctimas (Proyecto de Ley C-16) recibiera la sanción real. La nueva legislación convierte el feminicidio en asesinato en primer grado y fortalece las herramientas legales para combatir la violencia de género, la violencia sexual y la violencia en las relaciones íntimas.
El ministro de Justicia y fiscal general de Canadá, Sean Fraser, afirmó que la legislación responde directamente a las demandas de víctimas y sobrevivientes que durante años reclamaron mayores protecciones frente a la violencia de pareja y la violencia basada en género.
La reforma establece que el feminicidio será considerado la forma más grave de homicidio contemplada en la legislación canadiense. Además, introduce por primera vez el delito de control coercitivo dentro de las relaciones íntimas, con el objetivo de intervenir antes de que las amenazas, el aislamiento o la manipulación escalen hacia la violencia física o la muerte.
Entre las principales modificaciones también figura la criminalización de las amenazas de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, incluidos los llamados “deepfakes” sexuales generados mediante inteligencia artificial. Asimismo, se endurecen las penas para delitos como agresión sexual, voyeurismo y distribución no consensuada de imágenes íntimas.
Mayor protección para las víctimas
La ley incorpora medidas destinadas a mejorar la experiencia de las víctimas dentro del sistema judicial. Entre ellas se incluyen directrices más claras para reducir retrasos procesales, especialmente en casos de agresión sexual, así como el fortalecimiento de los derechos de las víctimas a recibir información sobre sus casos y a ser tratadas con dignidad y respeto durante todo el proceso judicial.
También se amplía el acceso a mecanismos de apoyo testimonial para facilitar la participación de víctimas y sobrevivientes en los tribunales.
El ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, señaló que las reformas buscan responder tanto a las formas tradicionales de violencia como a nuevas amenazas vinculadas al uso de tecnologías digitales y herramientas de inteligencia artificial.
Parte de una agenda más amplia de reformas
La aprobación de la Ley de Protección de las Víctimas constituye la tercera gran reforma penal impulsada por el actual gobierno federal en menos de un año. La iniciativa complementa la denominada Bailey’s Law, orientada a endurecer la respuesta penal frente a la violencia de pareja.
Esa legislación contempla que los asesinatos cometidos dentro de un patrón de comportamiento coercitivo o controlador contra una pareja íntima también sean tratados como asesinatos en primer grado y crea nuevos delitos relacionados con actos violentos o amenazas contra parejas.
La ministra de Mujeres e Igualdad de Género, Rechie Valdez, sostuvo que la nueva ley reconoce la gravedad de la violencia basada en género y fortalece la seguridad de mujeres, niñas y personas de diversidad sexual en todo el país.
Inversión para apoyar a sobrevivientes
Como parte de la implementación de estas reformas, el Gobierno federal recordó que la Declaración Económica de Primavera de 2026 contempla una inversión de 105,5 millones de dólares durante cinco años para apoyar a víctimas y sobrevivientes de violencia de género.
Los fondos estarán destinados, entre otras medidas, a proporcionar asesoría legal independiente para víctimas de agresión sexual y violencia de pareja, fortalecer el acceso a servicios de apoyo familiar y colaborar con provincias y territorios en la prestación de servicios supervisados para familias afectadas por situaciones de violencia.
La mayoría de las disposiciones incluidas en la Ley de Protección de las Víctimas entrarán oficialmente en vigor el próximo 18 de julio de 2026, treinta días después de haber recibido la sanción real.
Organizaciones de defensa de las víctimas y expertos en violencia de género calificaron la aprobación de la ley como un momento histórico para Canadá, al considerar que reconoce legalmente la naturaleza sistémica de la violencia contra las mujeres y refuerza la rendición de cuentas dentro del sistema de justicia penal.
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