Fuente: The Canadian Press
OTTAWA.(26 de julio de 2026).– El gobierno de Canadá informó que recibió más de 21.000 correos electrónicos y cientos de presentaciones formales durante el proceso de consulta pública sobre su propuesta para reformar el sistema de evaluación de grandes proyectos de infraestructura y energía, una iniciativa que ha generado un intenso debate entre la industria, organizaciones ambientalistas y pueblos indígenas.
El periodo de consultas concluyó el pasado miércoles y las autoridades federales anunciaron que dedicarán las próximas semanas a revisar las observaciones antes de publicar, hacia finales del verano, un informe que resumirá los comentarios recibidos.
Según la Oficina del Consejo Privado (Privy Council Office), encargada de supervisar la Oficina de Grandes Proyectos, hasta el 17 de julio se habían recibido 187 presentaciones escritas provenientes de gobiernos provinciales y territoriales, municipios, comunidades indígenas, organizaciones ambientales, centros de investigación y académicos.
Además, funcionarios federales participaron en 24 reuniones con grupos indígenas, incluidas tres sesiones virtuales, así como en 27 encuentros con otras partes interesadas.
Cambios propuestos buscan acelerar proyectos estratégicos
Las propuestas, presentadas por Ottawa en mayo mediante dos documentos de discusión, buscan agilizar la aprobación de grandes proyectos considerados estratégicos para el crecimiento económico del país.
Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de aprobar ciertos proyectos antes de completar su evaluación ambiental, además de permitir que algunas iniciativas queden exentas de disposiciones contempladas en las leyes de protección de especies en riesgo.
Otra de las reformas propone trasladar la responsabilidad de evaluar oleoductos, líneas de transmisión eléctrica y proyectos de energía renovable marina desde la Agencia de Evaluación de Impacto de Canadá hacia el Regulador Canadiense de Energía, al considerar que este organismo cuenta con mayor experiencia técnica en proyectos energéticos.
Asimismo, el gobierno plantea crear «zonas económicas» destinadas al desarrollo de corredores de transporte, redes de telecomunicaciones y proyectos de generación y transmisión de energía. Dentro de estas áreas, el gabinete federal tendría la facultad de autorizar previamente determinadas actividades y acelerar la aprobación de inversiones.
Críticas de pueblos indígenas y ambientalistas
Las reformas han despertado preocupación entre organizaciones indígenas y grupos ecologistas, que cuestionan tanto el contenido de las propuestas como el proceso de consulta.
La jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Cindy Woodhouse Nepinak, afirmó anteriormente que las iniciativas reflejan «un patrón de exclusión» hacia los pueblos indígenas y criticó el corto plazo inicialmente otorgado para presentar observaciones.
Las críticas llevaron al gobierno a extender el periodo de consultas, originalmente previsto para concluir el 7 de junio, hasta el 22 de julio, además de aplazar la presentación de la legislación correspondiente hasta el próximo periodo de sesiones parlamentarias.
El ministro de Transporte y líder del Gobierno en la Cámara de los Comunes, Steven MacKinnon, defendió la ampliación del proceso al señalar que las reformas involucran temas de enorme relevancia y que el Ejecutivo desea considerar «toda la gama de opiniones».
Partido Verde cuestiona las propuestas
Entre las organizaciones que enviaron comentarios figura el Partido Verde de Canadá, que expresó preocupación por la falta de mecanismos claros para exigir responsabilidades al gabinete federal en caso de que sus decisiones afecten especies protegidas.
La agrupación también criticó la creación de las llamadas zonas económicas, advirtiendo que podrían convertirse en espacios donde se debilite la aplicación de la legislación ambiental.
Su líder, Elizabeth May, aseguró además que los parlamentarios nunca recibieron las sesiones informativas que había solicitado al gobierno para comprender mejor el alcance de las reformas, pese a la ampliación del periodo de consultas.
Sector empresarial pide acelerar la legislación
En contraste, el centro de estudios Public Policy Forum, con sede en Ottawa, respaldó gran parte de las reformas e incluso instó al gobierno a avanzar con mayor rapidez.
La organización recomendó presentar el proyecto de ley antes de la Cumbre Canadiense de Inversiones, prevista para mediados de septiembre, donde Canadá buscará atraer capital de algunos de los inversionistas más importantes del mundo.
Según el grupo, demostrar avances concretos en la modernización del sistema regulatorio será clave para fortalecer la confianza de los inversionistas internacionales.
El organismo también propuso incorporar un «enfoque de inversión» en los mandatos de los reguladores federales, de manera que, además de evaluar los riesgos ambientales y sociales, consideren el impacto de sus decisiones sobre la competitividad, el crecimiento económico y la seguridad de las inversiones en Canadá.
La revisión de los miles de comentarios recibidos definirá el contenido final de una reforma que el gobierno considera fundamental para acelerar proyectos estratégicos, mientras intenta equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.