Fuente: The Canadian Press
Ottawa (26 de julio de 2026).-La publicación de las más recientes estadísticas oficiales sobre criminalidad en Canadá ha reabierto el debate sobre la estrategia de seguridad del gobierno del primer ministro Mark Carney, luego de que expertos y organizaciones civiles cuestionaran la necesidad de las recientes reformas penales aprobadas por el Parlamento, al señalar que los delitos ya venían disminuyendo antes de su entrada en vigor.
De acuerdo con Statistics Canada, tanto la tasa como el índice de gravedad de los delitos denunciados disminuyeron en casi todas las categorías durante 2025, una tendencia que ha llevado a especialistas en justicia penal a poner en duda la justificación de tres importantes leyes aprobadas el mes pasado para endurecer el sistema de justicia criminal.
Las reformas introdujeron nuevos delitos en el Código Penal, restablecieron penas mínimas obligatorias para ciertos crímenes y endurecieron las condiciones para obtener la libertad bajo fianza en diversos casos, incluyendo robo de vehículos, extorsión y trata de personas.
Organizaciones cuestionan la base de las reformas
La directora ejecutiva de la John Howard Society of Canada, Catherine Latimer, sostuvo que las iniciativas legislativas carecen de una base empírica sólida que demuestre la existencia de una crisis de criminalidad que justificara cambios de tal magnitud.
Según Latimer, tampoco existen evidencias de que las nuevas medidas contribuyan a mejorar la seguridad pública a largo plazo.
La especialista advirtió además que la creciente politización del debate sobre la delincuencia ha generado entre la población una percepción exagerada de los niveles reales de criminalidad.
A su juicio, diversos partidos políticos han convertido la promesa de endurecer las políticas penales en una estrategia electoral efectiva, alimentando la percepción de inseguridad en lugar de corregirla con datos objetivos.
Las cifras muestran una tendencia descendente
Las estadísticas oficiales indican que el descenso del índice de gravedad del crimen estuvo impulsado principalmente por la reducción de los robos a viviendas mediante allanamiento, cuya tasa cayó 11 % en 2025, marcando el tercer año consecutivo de descenso.
El robo de vehículos también continuó disminuyendo por segundo año consecutivo tras tres años de aumentos. Según Statistics Canada, la tasa fue 9 % inferior a la registrada en 2015 y 64 % menor que el máximo alcanzado en 2023.
Asimismo, la tasa de homicidios mantuvo su tendencia descendente.
Para Shakir Rahim, director del Programa de Justicia Penal de la Canadian Civil Liberties Association, estos datos cuestionan uno de los principales argumentos del Gobierno respecto a la necesidad de restringir el acceso a la libertad bajo fianza.
Rahim recordó que los descensos en delitos como el robo de automóviles y los allanamientos comenzaron antes de que entrara en vigor la ley C-14, que trasladó a los acusados la carga de demostrar por qué deberían ser liberados bajo fianza en determinados delitos.
En su opinión, las cifras sugieren que la disponibilidad de la libertad provisional no era el factor determinante en la evolución de la criminalidad, como sostenían algunos defensores de la reforma.
El Gobierno defiende las nuevas leyes
Las tres leyes aprobadas recientemente constituyen uno de los paquetes de reformas penales más amplios de las últimas décadas en Canadá.
Además de endurecer las normas sobre libertad bajo fianza, las reformas restablecieron penas mínimas obligatorias para determinados delitos, tipificaron como delito el control coercitivo dentro de las relaciones personales y la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial sin consentimiento, además de incorporar nuevas figuras penales para combatir los delitos de odio dirigidos contra personas en las inmediaciones de instituciones religiosas o culturales.
El profesor de Derecho de la Universidad de Toronto, Kent Roach, había señalado anteriormente que se trata de algunos de los cambios más significativos al sistema de justicia penal canadiense en sus 35 años de carrera académica.
Desde la aprobación de las leyes, el ministro de Justicia, Sean Fraser, ha realizado diversas conferencias de prensa para promover las nuevas medidas, acompañado en varias ocasiones por representantes de cuerpos policiales, destacando acciones contra el robo de cobre, los hurtos en comercios y la violencia contra trabajadores del transporte público.
Ottawa insiste en reforzar la seguridad
Durante la reunión de primeros ministros provinciales celebrada en Charlottetown, el primer ministro Mark Carney defendió la estrategia de su gobierno y recordó que las reformas responden a las demandas planteadas por las provincias y territorios para fortalecer la seguridad comunitaria.
Carney aseguró que el Gobierno federal ha dotado a las fuerzas del orden de nuevas herramientas legales para combatir la delincuencia y anunció un plan conjunto con las provincias para seguir reforzando la seguridad pública.
Por su parte, un portavoz del Ministerio de Justicia afirmó que las nuevas estadísticas representan una noticia positiva para los canadienses, pero sostuvo que aún queda trabajo por hacer.
Según el Gobierno, las reformas no solo buscan responder a la evolución de la criminalidad, sino también fortalecer el Código Penal, respaldar a los cuerpos policiales e invertir en estrategias de prevención a largo plazo.
El debate refleja una discusión que también se observa en otros países occidentales: hasta qué punto las políticas de «mano dura» responden a la realidad de las cifras delictivas o a la percepción pública de inseguridad, especialmente en contextos de alta polarización política y campañas electorales centradas en la seguridad ciudadana.