Fuente: Canadian Association of Journalists (CAJ)
Toronto (13 de julio de 2026) Más de un centenar de organizaciones e individuos vinculados al periodismo, la academia y la sociedad civil han unido sus voces para solicitar al Gobierno de Alberta la aprobación de una legislación anti-SLAPP, una medida destinada a proteger la libertad de expresión y la participación democrática frente a demandas judiciales consideradas intimidatorias.
La iniciativa se materializó a través de una carta abierta respaldada por periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, en la que se advierte sobre el aumento de amenazas legales y demandas dirigidas contra periodistas y ciudadanos que intervienen en debates de interés público.
Las denominadas SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation, por sus siglas en inglés) son acciones judiciales que, según sus críticos, buscan desalentar o silenciar a quienes denuncian asuntos de interés público mediante el elevado costo económico y la presión que implica enfrentar un proceso legal.
El presidente de la Canadian Association of Journalists (CAJ), Brent Jolly, afirmó que en una democracia los debates públicos deben resolverse mediante la evidencia, el escrutinio y el intercambio de argumentos, y no en función de quién tenga la capacidad de financiar la estrategia legal más costosa.
Jolly añadió que una legislación anti-SLAPP, elaborada mediante consultas adecuadas y con supervisión no partidista, puede convertirse en una herramienta eficaz para impedir el uso abusivo del sistema judicial como mecanismo de intimidación. Asimismo, sostuvo que este tipo de normas contribuye a evitar que los tribunales y los recursos públicos se destinen a litigios considerados frívolos o destinados a acallar voces críticas.
Actualmente, Alberta no cuenta con una ley que permita a los tribunales desestimar de forma temprana este tipo de demandas estratégicas. En contraste, provincias como Ontario, Columbia Británica, Quebec y Manitoba ya disponen de legislación anti-SLAPP. Manitoba fue la incorporación más reciente, al aprobar su normativa en diciembre pasado con el respaldo de representantes de distintos partidos políticos.
Los impulsores de la iniciativa consideran que la adopción de una legislación similar en Alberta fortalecería la protección del periodismo independiente, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a participar en asuntos de interés público sin temor a represalias judiciales.