Fuente: Department of Justice Canada
OTTAWA, 19 de junio de 2026. El Gobierno de Canadá anunció la entrada en vigor de una amplia reforma del Código Penal destinada a reforzar la protección de niños y adolescentes frente a la explotación sexual, los delitos en línea y el reclutamiento criminal juvenil, tras la sanción real de la Ley de Protección de las Víctimas (Proyecto de Ley C-16).
La legislación, presentada por el gobierno federal como una de las reformas más importantes al sistema de justicia penal canadiense en una generación, restablece penas mínimas obligatorias para diversos delitos graves contra menores y crea nuevas herramientas para combatir amenazas emergentes como la sextorsión en línea y los llamados “deepfakes” sexuales.
El ministro de Justicia y fiscal general de Canadá, Sean Fraser, afirmó que la nueva normativa busca garantizar consecuencias más severas para quienes explotan o abusan de niños.
“Los depredadores atacan a los más vulnerables entre nosotros y cometen algunos de los crímenes más horribles imaginables contra los niños. Las penas mínimas obligatorias han sido restablecidas para ayudar a mantener a estos delincuentes tras las rejas y proteger a nuestros menores”, declaró.
Regresan las penas mínimas obligatorias
Uno de los principales cambios introducidos por la ley consiste en la restauración de penas mínimas de prisión para numerosos delitos sexuales contra menores.
Según el gobierno, algunas de estas sanciones habían sido anuladas previamente por tribunales, lo que impedía su aplicación. La nueva legislación redefine estos castigos para garantizar que sean compatibles con la Constitución y puedan ser aplicados de manera efectiva.
No obstante, los jueces conservarán la facultad de imponer una pena diferente en circunstancias excepcionales cuando la aplicación de la pena mínima resulte desproporcionada para el acusado.
Nuevos delitos y herramientas contra la explotación infantil
La reforma fortalece significativamente la capacidad de las autoridades para investigar y procesar delitos relacionados con la explotación sexual infantil, tanto dentro como fuera del país.
Entre las principales medidas destacan:
- Aumento de las penas para delitos sexuales graves, incluyendo agresión sexual, exhibicionismo, voyeurismo y distribución no consentida de imágenes íntimas.
- Inclusión específica de los llamados “deepfakes” sexuales dentro de las conductas sancionadas.
- Creación de nuevos delitos relacionados con la sextorsión en línea y las amenazas de difundir material de abuso sexual infantil.
- Fortalecimiento de la capacidad de Canadá para procesar a ciudadanos canadienses que cometan delitos sexuales contra menores en el extranjero.
- Ampliación de los plazos para investigar y presentar cargos contra proveedores de servicios de internet que incumplan obligaciones de denuncia.
- Extensión del período obligatorio de conservación de datos digitales de 21 a 365 días para preservar pruebas clave.
Protección frente al reclutamiento criminal
La ley también introduce un nuevo delito destinado a combatir el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.
Las autoridades señalaron que esta medida permitirá perseguir a quienes presionen, manipulen o capten a jóvenes para participar en actividades delictivas, una preocupación creciente en diversas comunidades del país.
El ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, sostuvo que la legislación proporciona herramientas más sólidas a las fuerzas policiales para enfrentar tanto la explotación sexual como otras formas de abuso dirigidas contra menores.
Reconocimiento de la violencia de género y apoyo a víctimas
La reforma también incorpora cambios relacionados con los derechos de las víctimas y sobrevivientes de violencia.
Entre otras disposiciones, la ley fortalece la Canadian Victims Bill of Rights y complementa la denominada Bailey’s Law, que endurece la respuesta penal frente a la violencia de pareja.
Asimismo, la legislación responde a recomendaciones formuladas por diversas investigaciones públicas, incluida la Mass Casualty Commission, así como por organismos de defensa de víctimas y expertos en violencia sexual y de género.
Entrada en vigor en julio
La mayor parte de las disposiciones de la Ley de Protección de las Víctimas entrará en vigor el próximo 18 de julio de 2026, treinta días después de recibir la sanción real.
El gobierno federal aseguró que la reforma forma parte de una agenda más amplia de cambios legislativos impulsados durante el último año para endurecer las leyes de libertad bajo fianza, fortalecer la respuesta frente a delitos de odio, mejorar la protección de víctimas y aumentar la seguridad comunitaria.
Además, Ottawa recordó que el presupuesto económico de primavera contempla una inversión de más de 105 millones de dólares durante cinco años para ampliar los servicios de apoyo a víctimas y sobrevivientes de violencia de género, mientras que otros 660 millones de dólares han sido comprometidos para programas destinados a mejorar la seguridad de mujeres, niñas y personas 2SLGBTQI+ en Canadá.
Las autoridades sostienen que, ante la evolución de las amenazas digitales y los nuevos métodos utilizados por delincuentes sexuales, la modernización del Código Penal busca garantizar que las herramientas legales mantengan el ritmo de los desafíos contemporáneos y ofrezcan una mayor protección a los menores en todo el país.