Fuente: CBC News/RCI (Canadá)
Ottawa. (13 de junio de 2026).- El Gobierno de Canadá presentó un proyecto de ley destinado a reforzar la prohibición de importaciones elaboradas mediante trabajo forzoso, una medida que busca fortalecer la aplicación de las normas comerciales del país y responder a las crecientes presiones de Estados Unidos para combatir este tipo de prácticas en las cadenas de suministro globales.
La iniciativa legislativa, denominada Proyecto de Ley C-35, fue presentada en la Cámara de los Comunes por Rob Oliphant, en representación de la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, quien se encontraba en París junto al primer ministro Mark Carney.
La propuesta contempla la creación de una lista pública de productos asociados al trabajo forzoso en determinadas regiones del mundo, elaborada a partir de información proporcionada por embajadas canadienses y otros organismos competentes. Las empresas importadoras deberán demostrar que los bienes procedentes de esas zonas no fueron fabricados mediante esclavitud moderna o trabajo coercitivo.
Según explicó Oliphant, la nueva legislación busca invertir la carga de la prueba, obligando a los importadores a demostrar la legitimidad de sus productos cuando estos provengan de regiones consideradas de alto riesgo.
“El objetivo es impedir que materiales y mercancías de bajo costo producidos mediante trabajo forzoso terminen ingresando al mercado canadiense”, señaló el legislador.
La medida surge en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump evalúa imponer un arancel del 10 % a importaciones provenientes de varios países, entre ellos Canadá, México y Reino Unido, cuando existan sospechas de que fueron producidas mediante trabajo forzoso. No obstante, los bienes cubiertos por el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México quedarían excluidos de esa medida.
Actualmente, la Canada Border Services Agency selecciona contenedores para inspección mediante procesos de evaluación de riesgos y controles aleatorios. Con la aprobación del proyecto de ley, los agentes fronterizos contarían con una lista específica de productos de alto riesgo que deberán ser sometidos a controles más rigurosos.
El gobierno sostiene que la reforma alineará a Canadá con medidas similares adoptadas por México y con las regulaciones que prepara la Unión Europea para combatir la entrada de bienes producidos mediante explotación laboral.
Sin embargo, la iniciativa también ha generado críticas. El portavoz conservador para asuntos exteriores, Michael Chong, calificó la propuesta como un paso positivo, pero cuestionó la demora del gobierno para actuar. Según afirmó, el Parlamento lleva años debatiendo la persistencia de importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
Desde 2020, Canadá prohíbe la importación de productos extraídos, manufacturados o producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso, en cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo el CUSMA. Sin embargo, diversos grupos defensores de los derechos humanos han sostenido que la aplicación de estas normas ha sido insuficiente.
Datos de la Agencia de Servicios Fronterizos indican que desde la entrada en vigor de la normativa se han interceptado 50 cargamentos sospechosos. Solo dos fueron confirmados como productos elaborados mediante trabajo forzoso: un envío de textiles en 2024 y otro de productos del mar congelados en 2025.
El propio primer ministro Mark Carney reconoció recientemente que, aunque Canadá cuenta con un sólido marco legal, la aplicación efectiva de las normas ha enfrentado limitaciones relacionadas con recursos y estructuras institucionales.
La presentación del proyecto coincide además con la decisión del gobierno de eliminar la figura del Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise, organismo creado durante el gobierno de Justin Trudeau para investigar denuncias de abusos de derechos humanos cometidos por empresas canadienses en el extranjero.
La propuesta legislativa deberá ser examinada por comités parlamentarios y someterse a consultas antes de su eventual aprobación. Sin embargo, el calendario legislativo podría retrasar su avance, ya que se prevé que la Cámara de los Comunes suspenda actividades por el receso de verano la próxima semana.
Con esta iniciativa, Ottawa busca reforzar su credibilidad en la lucha contra el trabajo forzoso, responder a las exigencias de sus socios comerciales y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre las cadenas globales de suministro en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre los derechos laborales y humanos.