San Salvador (130 de abril de 2026).– El número de personas fallecidas bajo custodia estatal en El Salvador continúa en aumento, en un contexto que ha encendido las alarmas de organizaciones internacionales de derechos humanos. Según la ONG Socorro Jurídico Humanitario, al menos 517 detenidos han muerto en prisiones desde la instauración del régimen de excepción en 2022.
El registro, actualizado tras la muerte de cinco reclusos más, apunta a una crisis carcelaria vinculada a la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien ha defendido la medida como una herramienta clave para combatir a las pandillas.
La mayoría de los fallecimientos se han producido en centros penitenciarios como Penal de Izalco y La Esperanza, donde se concentra gran parte de los más de 91.000 detenidos. Sin embargo, existe escasa información oficial sobre instalaciones de máxima seguridad como el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).
De acuerdo con la ONG, el 94 % de las personas fallecidas no tenía vínculos comprobados con pandillas, lo que ha intensificado las críticas sobre detenciones arbitrarias y falta de garantías judiciales. Además, advierten que la cifra real de muertes podría superar el millar.
Denuncias y preocupación global
Las causas de muerte reportadas incluyen violencia física —cerca del 32 % de los casos— y falta de atención médica, según testimonios recopilados por la organización ante la ausencia de datos oficiales, clasificados bajo reserva estatal.
El endurecimiento de la política de seguridad ha sido respaldado por el Congreso salvadoreño, dominado por el oficialismo, pero ha generado creciente preocupación internacional. Organismos y expertos han documentado miles de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas advierte incluso sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano.
El caso salvadoreño se ha convertido así en un punto de debate global sobre los límites de las políticas de seguridad frente al crimen organizado y el respeto a los derechos fundamentales, en un momento en que otros países de la región observan de cerca el modelo impulsado por Bukele.