La Habana/Miami (7 de abril de 2026).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes la existencia de “vulneraciones estructurales” a los derechos laborales en las misiones médicas internacionales de Cuba, en un informe que añade presión a uno de los programas más emblemáticos —y polémicos— de la isla.
El organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), alertó sobre deficiencias en materia de derechos laborales, sindicales y de movilidad humana que afectan a los profesionales sanitarios enviados al extranjero. El reporte fue elaborado junto a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
Según el documento, existen “desafíos estructurales” relacionados con condiciones de trabajo que no garantizan estándares de empleo dignos. Entre los principales señalamientos figuran niveles de remuneración considerados insuficientes, falta de contratos claros o desconocimiento de los términos laborales, así como restricciones a la libertad sindical.
El informe también recoge testimonios de médicos que denuncian jornadas extensas, asignación de tareas ajenas a su especialidad y prácticas como la retención de ingresos. Asimismo, apunta a limitaciones en la autonomía personal, incluyendo aspectos vinculados a la movilidad durante las misiones.
No obstante, la CIDH reconoce que estas brigadas médicas cumplen un papel clave en la provisión de servicios esenciales en países con sistemas de salud frágiles, donde contribuyen a ampliar el acceso a la atención médica en comunidades vulnerables.
El análisis coincide con una renovada presión internacional liderada por Estados Unidos, que ha intensificado sus críticas al modelo de exportación de servicios profesionales de Cuba, considerado una de las principales fuentes de divisas de la isla. Según estimaciones del Departamento de Estado estadounidense, estos servicios generan entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales.
Organizaciones no gubernamentales como Prisoners Defenders sostienen que el Gobierno cubano retiene una parte significativa de los salarios pagados por los países receptores —hasta un 85 %—, además de imponer restricciones como la retención de pasaportes o sanciones a quienes abandonan las misiones antes de tiempo.
Las misiones médicas cubanas, activas desde hace más de seis décadas y con presencia en 165 países, han sido durante años una herramienta clave de la diplomacia internacional de La Habana. Sin embargo, en los últimos meses varios países del Caribe y Centroamérica han revisado o suspendido estos acuerdos en medio de presiones diplomáticas.
Por su parte, el Gobierno cubano ha rechazado las acusaciones y ha denunciado lo que considera una campaña de “chantaje” impulsada por Washington para debilitar sus programas de cooperación internacional.
El debate sobre las misiones médicas refleja así una creciente disputa geopolítica en torno a la cooperación sanitaria, los derechos laborales y el papel de Cuba en el escenario internacional.