Buenos Aires (6 de abril de 2026).– El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó que su Gobierno avanza de manera progresiva en un plan para expulsar a migrantes en situación irregular, en el marco de una política migratoria más estricta centrada en el cumplimiento de la ley.
Durante una rueda de prensa en Buenos Aires, tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei, Kast señaló que la estrategia se implementará “paso a paso” y confió en que una parte importante de los extranjeros sin documentación optará por abandonar el país de forma voluntaria.
“Hemos convocado a quienes ingresaron de manera irregular a salir”, indicó el jefe de Estado, al describir la medida como una advertencia para reforzar el respeto a la normativa migratoria.
El Gobierno chileno busca que quienes se encuentren sin papeles regularicen su situación desde el exterior, iniciando nuevamente los trámites de residencia, una política que podría dejar en situación vulnerable a miles de personas sin garantías de retorno.
Salidas voluntarias y corredores migratorios
Kast expresó su expectativa de que ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades comiencen a salir del país una vez se normalicen los vuelos hacia sus países de origen. Asimismo, mencionó la posibilidad de habilitar corredores terrestres para facilitar retornos hacia países vecinos como Perú o Colombia.
Estas medidas forman parte de una agenda más amplia de control migratorio impulsada por el Ejecutivo chileno, que ha priorizado la seguridad y el orden público como ejes de su gestión.
Sin embargo, el propio mandatario ha reconocido previamente que hasta ahora no se han concretado expulsiones efectivas, aunque asegura que se implementará un sistema continuo en los próximos meses.
Contexto regional y desafíos
La política migratoria de Chile se desarrolla en un contexto regional marcado por el aumento de los flujos migratorios, especialmente desde Venezuela, y por crecientes presiones internas en materia de seguridad.
El desafío para el Gobierno será equilibrar el control fronterizo y la aplicación de la ley con el respeto a los derechos humanos y las condiciones de los migrantes, en un escenario que continúa generando debate tanto dentro como fuera del país.