La Paz (6 de abril de 2026).– El Gobierno de Bolivia anunció la anulación de un amplio paquete de normas que permitían la contratación directa de obras públicas, en una medida que busca reforzar la transparencia y revisar el uso de más de 1.200 millones de dólares ejecutados durante los últimos 20 años.
El presidente Rodrigo Paz informó que el decreto elimina 161 disposiciones que habilitaban adjudicaciones sin procesos competitivos, un mecanismo que, según el Ejecutivo, facilitó prácticas irregulares en distintos niveles del Estado.
De acuerdo con las autoridades, estas normas estuvieron vigentes durante las administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), periodos en los que se movilizaron alrededor de 1.235 millones de dólares bajo esquemas de contratación directa.
El mandatario sostuvo que la decisión busca desmontar un sistema que, a su juicio, incentivó la asignación discrecional de contratos públicos. Entre los ejemplos mencionados figura la construcción del Museo de Orinoca, dedicado a Morales, así como proyectos de infraestructura sanitaria, educativa y aeroportuaria que habrían presentado irregularidades o quedado inconclusos.
Auditorías y nuevas reglas
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que el nuevo marco normativo obligará a que todas las contrataciones estatales se realicen mediante procesos transparentes y con mecanismos de control reforzados. Además, anunció auditorías a las obras adjudicadas en el pasado para determinar posibles responsabilidades.
Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, respaldó la medida como parte de una estrategia para mejorar la gestión del gasto público y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
El Gobierno también cuestionó que las adjudicaciones directas se extendieran no solo al nivel central, sino también a administraciones regionales y municipales, donde —según afirmó— se habrían favorecido vínculos políticos o personales en la asignación de contratos.
Impacto político y desafíos
La eliminación de estas normas marca un giro en la política de contratación pública del país y abre una etapa de revisión de proyectos que, según el Ejecutivo, incluyen obras inconclusas o infraestructuras sin uso.
El desafío ahora será implementar mecanismos efectivos de control y garantizar que los nuevos procesos de licitación eviten retrasos en la ejecución de obras, al tiempo que respondan a las demandas sociales en áreas clave como salud, educación y transporte.
La medida se produce en un contexto de creciente exigencia ciudadana por mayor transparencia y rendición de cuentas en América Latina, donde varios países han intensificado las reformas para combatir la corrupción en la gestión pública.