La Paz (2 de abril de 2026) .– El responsable de la política antidroga de Bolivia, Ernesto Justiniano, lanzó una advertencia sobre el alcance limitado de la lucha contra el narcotráfico: detener a un gran capo no desmantela el sistema, ya que nuevas estructuras criminales emergen constantemente en distintos países.
“Si se captura a un criminal del nivel de Sebastián Marset, probablemente otros nueve ya se están formando”, afirmó en una entrevista, al explicar que la efectividad de las operaciones de interdicción apenas alcanza el 10 % a escala internacional.
Un problema global persistente
Según Justiniano, este porcentaje refleja una dinámica extendida en todo el mundo: de cada 100 toneladas de cocaína producidas, solo 10 son incautadas; y de cada 10 organizaciones criminales, apenas una es desmantelada.
El funcionario subrayó que este patrón evidencia la capacidad de regeneración del narcotráfico, que continúa expandiéndose pese a los esfuerzos coordinados de gobiernos y organismos internacionales.
El caso Marset y redes criminales
La reciente detención de Marset en Bolivia —y su posterior entrega a Estados Unidos— puso de relieve la dimensión transnacional del narcotráfico. El uruguayo era considerado un actor clave en la distribución global de drogas y mantenía vínculos con organizaciones como el Primer Comando de la Capital (PCC), mientras se investigan posibles conexiones con el Comando Vermelho.
Para las autoridades bolivianas, el desafío no es solo capturar a figuras de alto perfil, sino evitar que el país se convierta en un punto estratégico para estas redes.
Aumento de la producción de cocaína
El Gobierno boliviano estima que el potencial de producción de cocaína ha aumentado hasta unas 300 toneladas métricas anuales, superando las cifras previas calculadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Este incremento está vinculado, en parte, a la reducción en las políticas de erradicación de cultivos de coca durante la administración del expresidente Luis Arce, quien dejó el poder en 2025 tras la victoria electoral de Rodrigo Paz.
Actualmente, Bolivia cuenta con unas 40.000 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales solo 22.000 están permitidas por ley, una normativa ampliada durante el mandato de Evo Morales.
El desafío estructural
Justiniano insistió en que el verdadero problema radica en el volumen de coca destinado a mercados ilegales. En regiones como el Trópico de Cochabamba, se estima que hasta el 92 % de la producción termina vinculada al narcotráfico.
Ante este escenario, el Gobierno busca equilibrar la situación erradicando anualmente una superficie similar a la que se cultiva, mientras impulsa estudios con apoyo internacional para actualizar datos sobre el consumo legal y los procesos de conversión de coca en cocaína.
“El problema no es solo capturar a uno o varios capos, sino eliminar las condiciones que permiten que sigan surgiendo”, concluyó el viceministro, en una advertencia que refleja la magnitud del desafío global contra el narcotráfico.
Fuente: Agencia EFE
Crédito fotográfico: Agencia EFE