Washington, EE.UU. (22 de marzo de 2026). — El presidente Donald Trump advirtió que podría ordenar el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los aeropuertos del país si el Congreso no aprueba de inmediato fondos para la seguridad aeroportuaria, en el contexto de un prolongado cierre parcial del gobierno federal.
La amenaza surge mientras el cierre, iniciado el 14 de febrero, continúa afectando a miles de trabajadores federales, incluidos los de la Administración de Seguridad en el Transporte, encargada de los controles de seguridad en los aeropuertos. Estos empleados se preparan para perder un segundo salario completo debido al bloqueo presupuestario asociado al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.
En un mensaje publicado en redes sociales, Donald Trump aseguró que trasladaría a agentes de inmigración a los aeropuertos para asumir tareas de seguridad “como nunca antes”, si los demócratas no acceden a financiar estas operaciones.
Sin embargo, especialistas y legisladores han señalado que los agentes de ICE no están específicamente capacitados para labores de seguridad aeroportuaria, función que corresponde a la TSA, que cuenta con unos 65.000 empleados, incluidos cerca de 5,000 agentes de control.
La crisis ya está afectando el funcionamiento de los aeropuertos. Según el DHS, más del 10 % de los agentes de la TSA se han ausentado por enfermedad en varios días recientes, mientras que más de 400 trabajadores han renunciado desde el inicio del cierre. Las autoridades prevén que estas cifras aumenten si la situación se prolonga, lo que podría agravar las interrupciones en el transporte aéreo.
La propuesta del presidente ha suscitado fuertes críticas entre los legisladores demócratas. El senador Richard Blumenthal calificó la medida como “temeraria e ilegal”, mientras que el congresista Bennie Thompson acusó a Trump de “fabricar caos” en los aeropuertos con fines políticos.
En paralelo, el empresario Elon Musk ofreció cubrir los salarios de los trabajadores de la TSA durante el estancamiento presupuestario, aunque hasta el momento no ha habido respuesta oficial por parte de las autoridades.
Expertos en seguridad nacional han señalado que, en situaciones de emergencia, el DHS puede redistribuir personal entre las agencias. No obstante, advierten que operar sin pagar a los trabajadores supone un grave problema para la continuidad del sistema de seguridad aeroportuaria.
El cierre gubernamental se mantiene debido al desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto del DHS y las reformas de la TSA. Mientras los demócratas exigen cambios en los procedimientos y en la supervisión de la agencia, los republicanos sostienen que algunas de estas medidas podrían comprometer la seguridad de los agentes.
La situación refleja una creciente tensión política en Washington, con efectos directos en el funcionamiento de servicios clave y del sistema de transporte en todo el país.
Fuente: Thompson Reuters
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