Fuente: CBC News/RCI
Vancouver (22 de junio de 2026).- El líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, arremetió este domingo contra el nuevo programa impulsado por los gobiernos federal y de Columbia Británica para adquirir miles de condominios vacíos y convertirlos en viviendas asequibles, calificando la iniciativa como un “rescate financiero” para desarrolladores inmobiliarios que asumieron riesgos de mercado y ahora enfrentan dificultades para vender sus propiedades.
Durante una rueda de prensa en Vancouver, Poilievre exigió la cancelación inmediata del programa anunciado esta semana por el primer ministro Mark Carney y el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, como parte de un acuerdo más amplio destinado a enfrentar la crisis de vivienda en la provincia.
“¿Dónde está su rescate?”, preguntó Poilievre a los periodistas, al tiempo que acusó al gobierno liberal de favorecer a grupos cercanos al poder político. Según el dirigente conservador, el plan permitiría que los contribuyentes asuman pérdidas que deberían recaer sobre empresas privadas.
El programa forma parte del fondo federal-provincial Build Communities Strong Fund, mediante el cual Ottawa invertirá más de 5.000 millones de dólares durante la próxima década en infraestructura local en Columbia Británica. Uno de los componentes centrales del acuerdo es una asociación destinada a transformar más de 2.200 unidades de condominios desocupados en viviendas asequibles mediante mecanismos financieros aún no detallados por las autoridades.
El gobierno federal sostiene que la medida permitirá incorporar rápidamente nuevas viviendas al mercado sin necesidad de esperar años para la construcción de nuevos proyectos residenciales. Según la Oficina del Primer Ministro, aprovechar unidades ya terminadas representa una de las formas más eficientes de aumentar la oferta habitacional en el corto plazo.
Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas tanto desde sectores de la oposición como entre algunos especialistas en vivienda, quienes consideran que el programa podría terminar beneficiando a promotores inmobiliarios afectados por la desaceleración del mercado.
Poilievre argumentó que la verdadera solución consiste en permitir que los precios se ajusten a las condiciones actuales del mercado. A su juicio, muchos desarrolladores construyeron proyectos durante el auge inmobiliario de los últimos años y ahora enfrentan dificultades para venderlos tras el enfriamiento de la demanda.
“Tomaron el riesgo de construir durante una burbuja inmobiliaria. Ahora están intentando vender cuando esa burbuja ha estallado y el riesgo no dio resultado”, afirmó.
El líder conservador añadió que el gobierno liberal pretende “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”, trasladando a los contribuyentes el costo de decisiones empresariales equivocadas.
Las críticas se producen en un contexto de creciente acumulación de viviendas sin vender en el área metropolitana de Vancouver. Datos recientes de la Corporación Canadiense de Hipotecas y Vivienda (CMHC) muestran que el número de condominios terminados y desocupados alcanzó las 4.376 unidades el mes pasado, un aumento del 76 % respecto al mismo período del año anterior.
Por su parte, Mark Carney defendió el programa al señalar que miles de viviendas ya construidas podrían permanecer vacías durante años si no se adoptan medidas para facilitar su acceso a familias y compradores con menores ingresos. El primer ministro no precisó si las adquisiciones se realizarán por debajo del valor de mercado.
David Eby también respaldó la iniciativa, argumentando que existe un importante inventario de viviendas terminadas que muchas personas estarían dispuestas a comprar o alquilar, pero cuyos precios continúan fuera de su alcance.
Además de cuestionar la compra de condominios vacíos, Poilievre reiteró su propuesta de reducir impuestos y eliminar trámites regulatorios para acelerar la construcción de viviendas en todo el país. Según el dirigente conservador, Canadá debe convertirse en uno de los lugares más rápidos del mundo para obtener permisos de construcción.
El acuerdo entre Ottawa y Victoria incluye precisamente medidas para reducir hasta en un 50 % algunos cargos de urbanización aplicados a proyectos multifamiliares. El gobierno federal estima que ello podría representar un ahorro de hasta 40.000 dólares por unidad para los constructores, mientras que los distintos niveles de gobierno asumirían inversiones en infraestructura básica como sistemas de agua, alcantarillado y carreteras locales.
El debate refleja las profundas diferencias políticas sobre cómo enfrentar la crisis de vivienda que afecta a Canadá, donde el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas y sociales de la población.