Fuente: Department of Finance Canada

Ottawa, 19 de junio de 2026. En un contexto marcado por la desaceleración económica mundial, la volatilidad de los mercados y las crecientes tensiones comerciales internacionales, el Gobierno de Canadá promulgó una amplia batería de medidas económicas destinadas a reducir costos para los ciudadanos, fortalecer la competitividad empresarial y reforzar la seguridad financiera del país.
La iniciativa quedó oficialmente en vigor tras la sanción real del proyecto de ley C-30, que implementa varias de las disposiciones incluidas en la Actualización Económica de Primavera de 2026 presentada por el Ejecutivo canadiense en abril.
Las medidas adoptadas tienen implicaciones que trascienden las fronteras del país, especialmente en sectores como la energía, la agricultura, la inversión extranjera y la industria financiera, áreas que mantienen una estrecha interconexión con los mercados internacionales.
Rebaja temporal de impuestos a los combustibles
Entre las decisiones más destacadas figura la suspensión temporal del impuesto federal especial sobre la gasolina y el diésel entre el 20 de abril y el 7 de septiembre de 2026.
La medida reduce el precio de la gasolina en aproximadamente 10 centavos por litro y el del diésel en 4 centavos por litro, mientras que también elimina temporalmente el gravamen aplicado a los combustibles de aviación.
La decisión se produce en momentos en que numerosos países buscan contener los efectos de la volatilidad energética global derivada de conflictos geopolíticos, cambios en las cadenas de suministro y fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo.
Apoyo a trabajadores y familias
El paquete económico también contempla incentivos dirigidos a trabajadores y hogares canadienses.
Entre ellos destaca la reducción de las contribuciones al Plan de Pensiones de Canadá a partir de 2027, cuando la tasa básica disminuirá del 9,9 % al 9,5 %. Según el gobierno, un trabajador con ingresos anuales de 70.000 dólares canadienses podría ahorrar alrededor de 133 dólares al año, mientras que los empleadores obtendrán un ahorro equivalente.
Asimismo, se amplían las deducciones fiscales para trabajadores especializados que deben desplazarse largas distancias por motivos laborales y se extienden programas de apoyo a trabajadores estacionales en determinadas regiones del país.
En el ámbito inmobiliario, Ottawa flexibilizó las condiciones del programa que permite utilizar fondos de planes de ahorro para adquirir una vivienda, ampliando de dos a cinco años el período de gracia para comenzar los reembolsos.
Impulso a la inversión y la producción agrícola
Desde una perspectiva internacional, uno de los elementos más relevantes de la legislación es el conjunto de incentivos orientados a fortalecer la inversión productiva y la seguridad alimentaria.
La nueva normativa establece ventajas fiscales permanentes para facilitar la transferencia de empresas a fideicomisos de propiedad de empleados y cooperativas de trabajadores, una fórmula que busca preservar empleos y garantizar la continuidad de negocios locales.
Además, Canadá permitirá la depreciación inmediata de inversiones en invernaderos, con el objetivo de expandir la producción agrícola doméstica y reducir la dependencia de importaciones alimentarias en un escenario global caracterizado por crecientes riesgos climáticos y comerciales.
Mayor control sobre inversiones extranjeras
El proyecto de ley también introduce cambios regulatorios para reforzar la supervisión de inversiones extranjeras en el sistema financiero canadiense.
Las modificaciones a la legislación bancaria buscan simplificar los procedimientos de revisión relacionados con la seguridad nacional, permitiendo que las inversiones realizadas por bancos extranjeros y sus filiales sean evaluadas bajo un único marco regulatorio.
La medida se enmarca en una tendencia observada en varias economías occidentales, que han endurecido el escrutinio sobre inversiones internacionales consideradas estratégicas en sectores sensibles.
Un mensaje ante la incertidumbre económica global
El ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, afirmó que la legislación responde a los desafíos económicos y geopolíticos que enfrentan actualmente las economías avanzadas.
Según el ministro, el objetivo es proteger a trabajadores, empresas y comunidades mientras el país se adapta a los cambios del entorno internacional y fortalece las bases para un crecimiento sostenido.
Con la entrada en vigor del proyecto de ley C-30, Canadá se suma a otros países que están recurriendo a estímulos fiscales selectivos, incentivos a la inversión y mecanismos de protección económica para enfrentar un escenario internacional cada vez más complejo, marcado por la competencia geoeconómica, la transformación tecnológica y la búsqueda de mayor resiliencia en las cadenas de suministro globales.