Fuente: CBC News/ Radio Canada
Ottawa (15 de junio de 2026).- El Gobierno de Canadá suspendió de manera inesperada un número indeterminado de certificados de ciudadanía emitidos en los últimos meses a personas que obtuvieron la nacionalidad canadiense por ascendencia, una decisión que ha generado preocupación entre miles de beneficiarios dentro y fuera del país).
La medida afecta a solicitantes que recibieron la ciudadanía bajo las disposiciones de la ley C-3, aprobada por el Parlamento en noviembre de 2025 para corregir las restricciones que durante años impidieron a numerosos descendientes de canadienses acceder a la nacionalidad. Estos ciudadanos pasaron a ser conocidos como los llamados “canadienses perdidos” (Lost Canadians).
Según documentos enviados por el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, los afectados fueron notificados de que debían devolver sus certificados mientras las autoridades revisan nuevamente sus expedientes.
Las cartas, firmadas por la registradora de ciudadanía canadiense, Peggy Sun, señalan que existen dudas sobre la elegibilidad de algunos titulares para conservar el documento, principalmente por posibles deficiencias en la documentación utilizada para demostrar su vínculo familiar con Canadá.
Aunque el gobierno no ha precisado cuántos certificados fueron suspendidos, abogados especializados en inmigración afirman que se trataría de una medida masiva y sin precedentes recientes.
Una reforma que abrió la puerta a miles de nuevos ciudadanos
La ley C-3 entró en vigor el 15 de diciembre de 2025 tras una decisión judicial que declaró inconstitucional la limitación que restringía la ciudadanía por descendencia únicamente a la primera generación nacida fuera de Canadá.
La reforma permitió que personas con ancestros canadienses de generaciones anteriores también pudieran solicitar la ciudadanía, incluso si sus familiares habían emigrado décadas atrás.
Desde entonces, unas 4.075 personas obtuvieron certificados de ciudadanía bajo las nuevas reglas. Aproximadamente la mitad de ellas nacieron en Estados Unidos.
Las estimaciones sobre el número potencial de beneficiarios varían considerablemente. Mientras la Oficina Parlamentaria de Presupuesto calculó que hasta 115.000 personas podrían acogerse a la medida, el gobierno federal había señalado que no esperaba un aumento masivo de solicitudes.
Impacto en proyectos de vida
La suspensión ha provocado incertidumbre entre personas que ya habían comenzado a reorganizar sus vidas en función de su nuevo estatus.
Uno de los casos más visibles es el de Valerie Campbell, residente de Maine, quien recibió su certificado en marzo gracias a raíces familiares en Quebec y Ontario. Tras obtener la ciudadanía, puso a la venta su vivienda y comenzó a preparar su traslado a las provincias atlánticas de Nuevo Brunswick o Nueva Escocia.
Campbell aseguró que la notificación llegó sin previo aviso y que nunca había sido informada de problemas con su expediente.
Su situación refleja la preocupación de muchos beneficiarios que ya habían tomado decisiones laborales, educativas o migratorias basadas en el reconocimiento de su ciudadanía canadiense.
Expertos cuestionan la decisión
La medida ha sido duramente criticada por abogados de inmigración, quienes consideran inusual que el gobierno reabra expedientes ya aprobados.
La abogada de Montreal, Lisa Middlemiss, afirmó que las autoridades debieron verificar cualquier duda documental antes de emitir los certificados.
Según la especialista, la revisión posterior de expedientes cerrados genera inseguridad jurídica y podría derivar en acciones judiciales contra el gobierno federal.
Por su parte, el abogado de Vancouver, Amandeep Hayer, señaló que, aunque las suspensiones masivas pueden ocurrir en procesos migratorios cuando existen sospechas de fraude, es extremadamente raro que se apliquen a certificados de ciudadanía ya emitidos.
Crece el retraso en los trámites
La controversia surge en momentos en que el sistema de ciudadanía enfrenta una creciente acumulación de expedientes.
De acuerdo con datos oficiales, los tiempos de procesamiento para obtener certificados de ciudadanía aumentaron de cinco meses en mayo de 2025 a quince meses en la actualidad.
Asimismo, el número de solicitudes pendientes pasó de 56.000 en abril a más de 82.000 en junio de este año.
Hasta el momento, el Ministerio de Inmigración no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre las razones de la revisión masiva ni ha aclarado cuántas personas podrían verse afectadas.
La situación ha abierto un nuevo frente político y jurídico para el gobierno federal, que impulsó la ley C-3 como una solución histórica para miles de descendientes de canadienses que habían quedado excluidos del acceso a la ciudadanía.