Fuente: CBC News (Canadá)/Reddit
Ottawa (30 de mayo de 2026).-La ampliación de las normas de ciudadanía por descendencia aprobada por el gobierno canadiense está generando un fenómeno con implicaciones políticas que trascienden las fronteras del país. Miles de personas nacidas en el extranjero han comenzado a reclamar la ciudadanía canadiense gracias a una reforma legal que elimina restricciones históricas, mientras un número creciente de estadounidenses busca obtener un vínculo formal con Canadá en medio de la polarización política que atraviesa Estados Unidos.
La modificación legislativa, conocida como Bill C-3, fue adoptada después de que los tribunales determinaran que las limitaciones previas a la transmisión de la ciudadanía por descendencia eran incompatibles con la Constitución canadiense. La nueva normativa permite que descendientes de canadienses nacidos en el exterior puedan acceder a la ciudadanía incluso cuando el vínculo familiar se remonta a generaciones más lejanas.
Los primeros resultados muestran el impacto político y social de la medida. Entre diciembre y marzo, casi 2.000 ciudadanos nacidos en Estados Unidos obtuvieron la ciudadanía canadiense bajo las nuevas reglas, convirtiendo a ese país en la principal fuente de nuevos beneficiarios. México y el Reino Unido ocuparon los siguientes lugares.
Más allá de las cifras, abogados especializados en inmigración sostienen que una parte importante de la demanda está relacionada con el clima político estadounidense. Según profesionales del sector, muchos solicitantes expresan preocupación por el rumbo político de Estados Unidos y buscan asegurar una alternativa legal para ellos y sus familias mediante la obtención de un pasaporte canadiense.
La situación se produce en un contexto marcado por el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y por el intenso debate que existe en Estados Unidos sobre derechos civiles, inmigración, diversidad y políticas federales. Algunos solicitantes han señalado inquietudes relacionadas con el futuro de sus hijos, especialmente en familias con miembros de comunidades LGBTQ+, mientras otros buscan garantizar opciones educativas o de residencia fuera del país.
Para el gobierno del primer ministro Mark Carney, la reforma representa una corrección jurídica destinada a garantizar la igualdad de trato entre los descendientes de ciudadanos canadienses. Sin embargo, también coloca a Ottawa en el centro de una discusión más amplia sobre el papel de la ciudadanía en un mundo cada vez más marcado por la movilidad internacional y las tensiones políticas.
La creciente demanda ha comenzado a poner presión sobre el sistema migratorio canadiense. Las solicitudes pendientes de procesamiento han aumentado significativamente en los últimos meses y los tiempos de espera para obtener certificados de ciudadanía prácticamente se han duplicado. Aunque las autoridades sostienen que no prevén un impacto fiscal importante, la acumulación de expedientes plantea interrogantes sobre la capacidad administrativa del gobierno para responder a una demanda que podría continuar creciendo.
El debate también tiene una dimensión estratégica. Expertos señalan que la reforma podría fortalecer los vínculos de Canadá con una extensa diáspora internacional formada por descendientes de emigrantes canadienses, particularmente en Estados Unidos. Al mismo tiempo, algunos observadores consideran que la medida podría incrementar la influencia demográfica y económica de Canadá al facilitar la llegada de nuevos ciudadanos con formación profesional, recursos financieros y experiencia internacional.
La Oficina Parlamentaria de Presupuesto estima que unas 115.000 personas podrían beneficiarse de la reforma, aunque otras proyecciones sugieren que el número real podría ser mayor debido a las históricas corrientes migratorias entre Canadá y Estados Unidos durante los siglos XIX y XX.
Mientras Ottawa insiste en que la ciudadanía por ascendencia no equivale a una política de inmigración masiva, el creciente interés de ciudadanos estadounidenses por obtener un segundo pasaporte canadiense está convirtiendo una reforma administrativa en un tema con claras implicaciones políticas. El fenómeno refleja no solo la transformación de las leyes de ciudadanía en Canadá, sino también cómo los cambios políticos en un país pueden influir directamente en las decisiones de identidad y pertenencia de personas al otro lado de la frontera.