Fuente: CBC News/ RCI (Canadá)
Ottawa (27 de mayo de 2026).-Las declaraciones del primer ministro canadiense, Mark Carney, sobre los requisitos necesarios para que una provincia pueda separarse unilateralmente de Canadá reavivaron este miércoles el histórico debate constitucional en Quebec y provocaron una inusual unanimidad política en la Asamblea Nacional de la provincia francófona.
Carney afirmó el martes, durante un intercambio con el Bloc Québécois, que un resultado de “50 % más uno” no sería suficiente para satisfacer las condiciones establecidas por la Ley de Claridad Referendaria aprobada por Ottawa después del referéndum independentista de 1995. La declaración generó rechazo tanto entre partidos soberanistas como federalistas en Quebec, donde el principio del 50 % + 1 es considerado un consenso político ampliamente arraigado.
La primera en responder fue la ministra quebequesa Christine Fréchette, quien defendió de forma tajante el umbral tradicional utilizado en consultas democráticas sobre soberanía. “Para mí, la regla es 50 % + 1”, afirmó al salir de la reunión semanal del gabinete provincial.
El ministro de Justicia de Quebec, Simon Jolin-Barrette, también pidió al gobierno federal mantenerse al margen del debate y sostuvo que cualquier consulta sobre el futuro político de Quebec debe regirse exclusivamente por el marco jurídico provincial, particularmente por la llamada Ley 99, aprobada en el año 2000 en respuesta directa a la Ley de Claridad de Ottawa.
La Ley 99 establece que corresponde únicamente al pueblo quebequés decidir su estatus político y que una mayoría simple es suficiente para validar democráticamente una decisión sobre soberanía. Desde su adopción, la legislación ha sido presentada por diversos sectores políticos como una afirmación del derecho de autodeterminación de Quebec frente a la autoridad federal.
El respaldo a esa interpretación se extendió más allá del movimiento independentista. El Parti Québécois acusó a Carney de intentar modificar las reglas del juego por incapacidad de convencer a los quebequeses de permanecer dentro de la federación canadiense. Québec solidaire también calificó de “inaceptables” las declaraciones del primer ministro y reiteró que el resultado de una eventual consulta debe resolverse con una mayoría simple.
Incluso el líder liberal quebequés Charles Milliard, identificado con posiciones federalistas, defendió públicamente la legitimidad democrática del 50 % + 1 y de la Ley 99. Su postura puso en evidencia cómo la cuestión trasciende la tradicional división entre soberanistas y federalistas, para convertirse en una disputa sobre legitimidad democrática y autonomía provincial.
La controversia ocurre en un momento políticamente sensible para Canadá. En Alberta está prevista para el próximo otoño una consulta popular sobre el futuro político de la provincia, mientras que el Parti Québécois, favorito en varias proyecciones electorales, ha prometido convocar un tercer referéndum de independencia si gana las próximas elecciones generales de Quebec.
Ese contexto explica por qué las palabras de Carney fueron interpretadas en Quebec como un intento preventivo de endurecer las condiciones para cualquier futura secesión provincial. Analistas políticos consideran que el primer ministro busca reafirmar la autoridad federal ante el resurgimiento de discursos autonomistas tanto en el oeste canadiense como en Quebec, aunque el costo político inmediato parece haber sido la reactivación de viejas tensiones constitucionales.
La situación también dejó expuestas divisiones dentro de la Coalición Avenir Québec (CAQ). Mientras el ministro responsable de Relaciones Canadienses, Jean Boulet, declaró que haría campaña por el “no” en un eventual referéndum, el ministro de Cultura, Mathieu Lacombe, afirmó que apoyaría el “sí”. El resto de los miembros del gobierno evitó pronunciarse directamente y se limitó a insistir en que Quebec no necesita volver a debatir la soberanía.
Sin embargo, la polémica demuestra que, más de tres décadas después del referéndum de 1995, la cuestión nacional continúa siendo uno de los temas más sensibles de la política canadiense. Y aunque la independencia no domina actualmente la agenda pública de Quebec, las declaraciones de Carney han conseguido algo poco habitual: unir temporalmente a soberanistas y federalistas en defensa del derecho de los quebequeses a decidir las reglas de un eventual referéndum.