Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Montreal, 12 de marzo de 2026
Una investigación periodística revela cómo la empresa canadiense de seguridad se convirtió en un engranaje clave del sistema de detención y expulsión de migrantes en Estados Unidos, en medio de denuncias de violaciones graves de los derechos humanos.
Por años, GardaWorld ha sido presentada como un caso de éxito empresarial nacido en Quebec y convertida en multinacional.
Hoy, sin embargo, su nombre aparece ligado a uno de los dispositivos más controvertidos de la política migratoria estadounidense bajo la administración de Donald Trump: la detención masiva de migrantes en centros denunciados por condiciones inhumanas.
Una investigación de la cadena pública de noticias, Radio-Canada, revela que la firma, con sede en Montreal, se ha convertido en un socio esencial del centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, una prisión improvisada en pleno corazón de los Everglades y destinada a albergar hasta 3,000 personas migrantes.
Un contrato mucho mayor de lo anunciado
A comienzos de julio, el diario estadounidense The Miami Herald hablaba de un contrato de ocho millones de dólares entre el estado de Florida y GardaWorld.
Sin embargo, documentos y contratos revisados por Radio-Canada muestran que las cifras reales son muy superiores: la empresa habría obtenido acuerdos que pueden alcanzar más de 80 millones de dólares estadounidenses por una amplia gama de servicios.
GardaWorld provee desde guardias armados y supervisores hasta transporte médico, camiones y equipos de traslado, además de intérpretes, servicios religiosos e incluso barberos.
Su filial estadounidense, GardaWorld Security Services, figura en documentos judiciales como una de las principales responsables de las “operaciones de detención” del centro, bajo la administración de Donald Trump.
“Es inhumano, degradante y deshumanizante”
Alligator Alcatraz fue construido en apenas una semana, a inicios del verano pasado.
Antiguos detenidos describen un lugar hecho de grandes carpas con jaulas metálicas en su interior, donde 32 camas se amontonan alrededor de una sola letrina.
“No soy un criminal. Es la peor experiencia de mi vida”, relata un joven colombiano, solicitante de asilo, que pasó cerca de diez días detenido antes de aceptar una expulsión “voluntaria” para poder salir del centro.
Abogados y organizaciones de derechos humanos coinciden en que la mayoría de los migrantes detenidos no tienen antecedentes penales. Muchos fueron arrestados al salir de sus trabajos o durante controles de tráfico, únicamente porque su estatus migratorio estaba por expirar.
Un informe de Amnistía Internacional, publicado en diciembre, va más lejos y habla directamente de “tortura”: acceso limitado a duchas, iluminación encendida las 24 horas para privar del sueño y castigos al aire libre, bajo el sol y los mosquitos. “Las condiciones no respetan en absoluto las normas mínimas del derecho internacional”, afirma France-Isabelle Langlois, directora de Amnistía Internacional Canadá.
El silencio de la empresa
Pese a múltiples solicitudes de información, GardaWorld no ha respondido a las preguntas de Radio-Canada sobre su papel exacto en Alligator Alcatraz. No obstante, anuncios de empleo publicados por la propia empresa mencionan tareas como “mantener la seguridad y el orden”, “colaborar estrechamente” con los guardias del centro y apoyar en posibles “intervenciones físicas”.
Los puestos ofrecen salarios de 25 dólares la hora, jornadas de hasta 60 horas semanales y la obligación de vivir dentro del complejo. Para Amnistía Internacional, esto plantea una cuestión central: “¿Hasta qué punto Garda se convierte en cómplice de violaciones graves de derechos humanos?”, se pregunta Langlois.
Un socio clave del ICE (The United States Immigration and Customs Enforcement)
La implicación de GardaWorld no se limita a Florida. Su rama estadounidense, con sede en Virginia, firmó en mayo un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional que puede llegar a 138 millones de dólares en dos años para apoyar al ICE en la “detención de emergencia y servicios conexos” para migrantes.
“De facto, Garda es un socio de las políticas migratorias de Donald Trump”, resume Langlois. Una política que, además, cuenta con un fuerte respaldo presupuestario: la nueva ley federal asigna 75,000 millones de dólares adicionales al ICE en cuatro años, incluyendo la construcción de nuevos centros de detención.
Crecimiento global y fondos públicos
Para el profesor Louis Hébert, de HEC Montréal, estas decisiones responden a una lógica de expansión. “La industria de la seguridad está en pleno auge y el mercado estadounidense es el más grande del mundo”, explica. En 2020, el fundador de GardaWorld, Stéphan Crétier, hablaba abiertamente de su ambición de crear un “gigante mundial”.
Dos años después, el gobierno de Quebec otorgó a la empresa 300 millones de dólares canadienses a través de Investissement Québec, con el objetivo de apoyar su crecimiento internacional, a cambio de mantener su sede en Montreal.
Hoy, organizaciones como Amnistía Internacional y Above Ground exigen rendición de cuentas. “El dinero invertido proviene de los impuestos de los quebequenses”, subraya Karen Hamilton, directora de Above Ground. “¿Queremos que esos fondos estén ligados a empresas involucradas en violaciones de derechos humanos?”
Un debate que alcanza a Canadá
El gobierno de Quebec ha evitado comentar la actuación de GardaWorld en Estados Unidos, limitándose a señalar que la inversión pública se realizó antes de estos contratos. Para los defensores de derechos humanos, esa explicación no es suficiente.
“El riesgo reputacional para Quebec y para Canadá es real”, advierte Hamilton. En un contexto de creciente externalización de la seguridad y endurecimiento de las políticas migratorias, el caso GardaWorld plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa —y de los gobiernos que la financian— cuando el negocio se cruza con la vulneración de derechos fundamentales?
Fuente: Radio Canadá Internacional
Crédito fotográfico: GardaWorld