Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Ottawa, 12 de marzo de 2026
La destrucción de instalaciones de la UNRWA por parte de las autoridades israelíes desata una reacción diplomática coordinada y reabre el debate sobre el acceso humanitario a Gaza y Cisjordania.
Una inusual y contundente declaración conjunta de once países —Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Noruega, Portugal, España y el Reino Unido— ha elevado la presión internacional sobre Israel tras la demolición, el pasado 20 de enero, de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este.
Los ministros de Asuntos Exteriores calificaron el acto como “sin precedentes” y lo describieron como un nuevo intento de un Estado miembro de socavar la capacidad operativa de una agencia de la ONU.
El pronunciamiento, difundido desde Ottawa, subraya que las instalaciones de Naciones Unidas gozan de protección e inviolabilidad conforme a la Convención General de la ONU de 1946 y a la Carta de las Naciones Unidas.
En ese marco, los firmantes instan al gobierno israelí a cumplir sus obligaciones internacionales y a detener de inmediato cualquier demolición adicional de propiedades de la organización.
La UNRWA es una pieza central del entramado humanitario en los Territorios Palestinos Ocupados y en la región. Proporciona servicios esenciales —salud, educación y asistencia social— a millones de palestinos, con un papel particularmente crítico en Gaza, donde la crisis humanitaria se ha agravado tras meses de hostilidades y restricciones. “Debe poder operar sin interferencias ni limitaciones”, recalca el comunicado.
La condena llega en un contexto de creciente fricción entre Israel y la agencia.
Los ministros expresan “profunda preocupación” por la aplicación de legislación israelí adoptada por la Knéset en octubre de 2024 y endurecida en diciembre de 2025, que prohíbe cualquier contacto entre entidades estatales israelíes y la UNRWA.
En la práctica, esa normativa impide la presencia de la agencia dentro de Israel y en Jerusalén, y bloquea incluso el suministro de servicios básicos —electricidad, agua y gas— a propiedades registradas a su nombre.
El texto diplomático reconoce, no obstante, los compromisos asumidos por la propia UNRWA para reforzar sus estándares de neutralidad e integridad, a raíz de las recomendaciones del llamado Informe Colonna.
Ese proceso de reformas, señalan los ministros, es clave para preservar la confianza internacional y garantizar que la asistencia se rija por los principios humanitarios.
Más allá de Jerusalén, el comunicado sitúa el foco en Gaza, donde, pese a un incremento reciente de la ayuda que logra ingresar, “las condiciones siguen siendo desesperadas y los suministros insuficientes para cubrir las necesidades de la población”.
Los once países recuerdan que Israel aceptó el plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, que compromete la entrada y distribución de ayuda liderada por la ONU y la Media Luna Roja, sin interferencias.
En ese espíritu, los cancilleres formulan una lista de demandas “urgentes y esenciales”: permitir una entrega ampliada, segura y sin trabas de ayuda humanitaria en toda Gaza y Cisjordania; garantizar que las ONG internacionales puedan operar en Gaza, incluida la eliminación de requisitos de registro restrictivos; reabrir todos los pasos fronterizos —entre ellos Rafah, cuya reapertura en ambos sentidos ha sido anunciada—; y levantar las restricciones persistentes a la importación de bienes humanitarios, incluidos aquellos catalogados como de “doble uso” pero indispensables para la respuesta de emergencia y la recuperación temprana.
La declaración refleja una coordinación diplomática poco habitual entre países europeos, Canadá y Japón, y apunta a un consenso creciente en torno a la necesidad de preservar el espacio humanitario y el rol de la ONU en el conflicto.
También evidencia la tensión entre consideraciones de seguridad y las obligaciones humanitarias, un equilibrio cada vez más frágil sobre el terreno.
Para Israel, el mensaje supone un recordatorio público de que las decisiones administrativas y legislativas internas tienen repercusiones internacionales cuando afectan a organismos multilaterales.
Para la UNRWA y las organizaciones humanitarias, es un respaldo político explícito en un momento crítico. Y para la población palestina, atrapada entre la violencia y la escasez, la declaración reaviva una esperanza cautelosa: que la diplomacia consiga abrir corredores de ayuda allí donde la política y la guerra los han cerrado.
Crédito fotográfico: FDD