Lima (12 de abril de 2026).– Las elecciones generales en Perú se han visto marcadas por problemas logísticos que obligaron a las autoridades a ampliar la jornada de votación, en un proceso clave para la estabilidad democrática del país y seguido de cerca por observadores internacionales.
El organismo electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solicitó extender el horario de sufragio una hora adicional, decisión que fue respaldada por el Jurado Nacional de Elecciones, llevando el cierre de las urnas hasta las 18:00 hora local.
La medida respondió a retrasos en la apertura de numerosos centros de votación, especialmente en Lima, donde la falta de material electoral, fallas de conexión y problemas eléctricos impidieron el inicio puntual del proceso.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, atribuyó las demoras a la empresa encargada de distribuir los insumos, mientras que la Fiscalía abrió diligencias para evaluar posibles responsabilidades y evitar vulneraciones al derecho al voto.
El incidente ha intensificado la confrontación política. El candidato presidencial Rafael López Aliaga presentó una denuncia penal contra Corvetto y lanzó acusaciones de fraude sin aportar pruebas, en línea con un clima de desconfianza que ya marcó procesos anteriores. Por su parte, Keiko Fujimori solicitó una ampliación aún mayor del horario para garantizar la participación ciudadana.
Más de 27 millones de peruanos están llamados a votar en unos comicios altamente fragmentados, con 35 candidatos presidenciales y la expectativa casi segura de una segunda vuelta. Entre los aspirantes con mayores opciones figuran, además de Fujimori y López Aliaga, el comediante Carlos Álvarez y el exalcalde Ricardo Belmont.
El proceso cuenta con la presencia de misiones internacionales, incluidas las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, en un intento por reforzar la credibilidad electoral en un país que ha atravesado una década de inestabilidad política.
Analistas advierten que los retrasos y las denuncias podrían afectar la percepción de legitimidad del proceso, en un momento en que Perú busca consolidar su sistema democrático y recuperar la confianza institucional tanto a nivel interno como internacional.