São Paulo (9 de abril de 2026).– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una nueva ley que tipifica por primera vez el delito de violencia vicaria, estableciendo penas de entre 20 y 40 años de prisión para quienes cometan este tipo de crimen.
La normativa reconoce como violencia vicaria aquellos actos en los que el agresor daña o asesina a los hijos con el objetivo de causar sufrimiento a la madre, una forma extrema de violencia de género que hasta ahora no contaba con una clasificación penal específica en el país.
La aprobación de esta ley se produce en un contexto de creciente preocupación social, tras casos recientes que han conmocionado a la opinión pública brasileña, incluido el asesinato de dos menores a manos de su padre en el estado de Goiás.
Como parte de un paquete más amplio de medidas, el mandatario también sancionó otra legislación que obliga al uso inmediato de tobilleras electrónicas para agresores en situaciones donde exista riesgo para la vida de mujeres o niños. A partir de ahora, los jueces deberán justificar de forma explícita cualquier decisión de no aplicar esta medida de protección.
Además, la normativa amplía las facultades para imponer este tipo de control, permitiendo que autoridades policiales lo ordenen en municipios donde no haya jueces disponibles, lo que busca agilizar la respuesta institucional en zonas con menor cobertura judicial.
Durante la firma de las leyes, Lula subrayó la necesidad de endurecer las sanciones contra la violencia machista, aunque insistió en que las medidas punitivas deben ir acompañadas de políticas educativas que aborden las raíces culturales del problema.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Fernanda Melchionna, quien defendió la eficacia de las tobilleras electrónicas como herramienta de prevención y criticó su uso limitado hasta ahora, abogando por convertirlas en una práctica habitual en casos de riesgo.
Con esta reforma, Brasil se suma a otros países que han comenzado a reconocer legalmente la violencia vicaria como una de las expresiones más graves de la violencia de género, en un intento por fortalecer la protección de mujeres y menores.