Madrid/Buenos Aires (8 de abril de 2026) .– La política de búsqueda de bebés robados durante la última dictadura argentina (1976-1983) enfrenta nuevos obstáculos en el exterior tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de interrumpir el envío de kits de ADN a consulados, una herramienta clave para quienes sospechan sobre su identidad y residen fuera del país.
Organizaciones vinculadas a Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que la medida deja sin alternativas a decenas de personas que no pueden viajar a Argentina para realizarse pruebas genéticas. Desde hace dos décadas, este mecanismo permitía la toma de muestras en sedes consulares, con validez judicial, facilitando la identificación de posibles hijos de desaparecidos.
Integrantes de la red internacional de Abuelas en Europa cuestionaron el argumento oficial de que no se puede garantizar la custodia de las muestras en el extranjero, al asegurar que el sistema ha funcionado sin inconvenientes desde 2005.
La interrupción de estos envíos se suma, según denuncias de activistas y trabajadores estatales, a un proceso más amplio de desarticulación institucional en áreas clave de derechos humanos. Entre ellas, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), encargada de investigar casos de apropiación de menores durante la dictadura, y dependencias de la Cancillería que coordinaban estas gestiones.
Críticas desde organismos de derechos humanos apuntan a una pérdida de interlocución con el Estado y a despidos en áreas especializadas, lo que dificulta la continuidad de las investigaciones. También acusan al actual Gobierno de despriorizar las políticas de memoria, verdad e identidad construidas durante décadas.
El robo sistemático de bebés durante la dictadura es considerado en Argentina un delito imprescriptible, ya que la vulneración de la identidad persiste hasta que cada caso es resuelto. Se estima que alrededor de 400 niños fueron apropiados ilegalmente por el régimen militar, muchos de los cuales aún no han sido identificados.
A pesar del nuevo escenario, las organizaciones en el exterior aseguran que continuarán con la búsqueda y el acompañamiento a posibles víctimas, aunque advierten que las restricciones actuales complican el acceso a mecanismos oficiales para avanzar en los procesos de identificación.