Bogotá (6 de abril de 2026).– El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras críticas contra la política de seguridad de El Salvador al afirmar que las cárceles del país centroamericano funcionan como “campos de concentración de población civil” y denunció la detención de personas inocentes bajo el actual régimen de excepción.
En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario colombiano sostuvo que la estrategia aplicada por el Gobierno salvadoreño implica la privación de libertad de jóvenes por criterios como su apariencia o edad, lo que —según dijo— constituye un crimen contra la humanidad. Petro también advirtió que estas prácticas no solucionan la violencia, sino que podrían perpetuar ciclos de confrontación.
Las declaraciones apuntan directamente a la política impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien ha defendido el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 como una herramienta clave en la lucha contra las pandillas y responsable de una reducción significativa de los homicidios en el país.
Denuncias y respaldo interno
Organizaciones de derechos humanos han documentado miles de denuncias por presuntas detenciones arbitrarias y abusos en el marco de esta medida. Según datos recopilados por entidades civiles, se registran miles de casos de posibles violaciones de derechos, la mayoría vinculados a arrestos sin garantías procesales.
Asimismo, la organización Socorro Jurídico Humanitario ha informado de más de 500 muertes de personas detenidas durante la vigencia del régimen, lo que ha intensificado el escrutinio internacional sobre las condiciones en los centros penitenciarios salvadoreños.
Pese a estas críticas, el Gobierno de Bukele mantiene un amplio respaldo interno y el apoyo de la Asamblea Legislativa, dominada por su partido, para continuar con la estrategia de seguridad.
Choque político regional
Las declaraciones de Petro reavivan las diferencias entre ambos mandatarios, quienes en el pasado han protagonizado intercambios públicos sobre sus modelos de gobierno y enfoques en materia de seguridad.
El debate refleja una creciente división en América Latina sobre cómo enfrentar la violencia criminal: mientras algunos gobiernos priorizan políticas de mano dura, otros alertan sobre los riesgos de vulnerar derechos fundamentales en nombre de la seguridad.
En este contexto, la estrategia salvadoreña sigue siendo observada de cerca a nivel internacional, tanto por sus resultados en la reducción de la violencia como por las denuncias sobre su impacto en las libertades civiles.