Caracas (5 de abril de 2026).- Más de un mes después de su promulgación, la ley de amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfrenta una marcada desaceleración en su aplicación, lo que ha reavivado interrogantes sobre su alcance real y el futuro del proceso de reconciliación en el país sudamericano.
La medida, anunciada el 19 de febrero en un contexto de contactos con Estados Unidos tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro, fue presentada por el Gobierno interino como una herramienta para promover la convivencia democrática. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y analistas cuestionan la falta de transparencia y la limitada verificación independiente de los beneficiarios.
Según datos oficiales, más de 8.000 personas han recibido algún tipo de beneficio, aunque la mayoría no estaba en prisión, sino bajo medidas cautelares. En contraste, la ONG Foro Penal sostiene que el número de liberaciones efectivas es considerablemente menor y advierte que aún permanecen más de 500 presos políticos sin excarcelar.
“El ritmo de liberaciones ha disminuido significativamente en las últimas semanas”, alertó Gonzalo Himiob, directivo de la organización, quien considera que la falta de avances estructurales —como el desmantelamiento de los órganos de represión— pone en duda la voluntad política del Ejecutivo interino.
Críticas similares provienen de Provea, cuyo coordinador, Óscar Murillo, señala que la iniciativa parte de una concepción errónea al tratar la amnistía como un “perdón” otorgado por el poder, en lugar de un proceso orientado a la justicia y la reconciliación. Además, denuncia que la aplicación ha estado marcada por discrecionalidad y trabas burocráticas.
Uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de mecanismos independientes de verificación. La comisión encargada del seguimiento no incluye plenamente a actores como organismos internacionales, la Iglesia o la sociedad civil, lo que dificulta contrastar las cifras oficiales y evaluar el impacto real de la norma.
Aunque expertos coinciden en que la amnistía representa un primer paso, advierten que está lejos de resolver las causas profundas de la crisis política venezolana. Entre los principales desafíos figuran la liberación total de los presos políticos, la inclusión de sectores actualmente excluidos —como algunos militares— y, sobre todo, la reforma de las instituciones judiciales y de seguridad.
En este contexto, la amnistía aparece más como un punto de partida que como una solución definitiva, en un país que sigue enfrentando el reto de reconstruir su tejido institucional tras décadas de polarización.