Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
Ottawa, 12 de marzo de 2026
La nueva Estrategia Industrial de Defensa del gobierno de Mark Carney plantea un objetivo ambicioso: aumentar en un 50 % las exportaciones militares en la próxima década y “simplificar” el sistema de licencias.
El mensaje es claro: Canadá no solo quiere equipar a sus Fuerzas Armadas, quiere consolidarse como actor clave en el mercado global de defensa.
La cuestión no es menor. Casi la mitad de la producción militar canadiense ya se vende al exterior, con ingresos que rondan los 7.000 millones de dólares anuales.
Estados Unidos concentra la mayor parte de esas exportaciones, pero el gobierno apunta ahora a profundizar vínculos con la Unión Europea, el Reino Unido y la región indopacífica.
En un contexto de tensiones comerciales y necesidad de diversificación económica, la defensa aparece como un sector estratégico capaz de generar empleo, innovación y posicionamiento geopolítico.
Sin embargo, cuando un país exporta sistemas de combate, drones o tecnologías de doble uso vinculadas a la inteligencia artificial y la ciberseguridad, no está vendiendo simples bienes industriales.
Está transfiriendo capacidad de coerción. Y esa transferencia conlleva responsabilidad.
El gobierno insiste en que los controles seguirán siendo “rigurosos” y que las exportaciones se dirigirán principalmente a aliados que comparten valores democráticos.
En teoría, el marco normativo canadiense —alineado con el Tratado sobre el Comercio de Armas— exige evaluar riesgos vinculados a derechos humanos, conflictos armados y sanciones internacionales.
Pero la experiencia reciente demuestra que el sistema no está exento de controversias: Arabia Saudita, Israel, Emiratos Árabes Unidos.
Cada caso ha puesto a prueba la coherencia entre discurso y práctica.
Aquí es donde el concepto de “simplificación” merece un escrutinio serio.
Optimizar procesos administrativos es legítimo. Reducir demoras innecesarias puede fortalecer la competitividad de la industria sin alterar estándares éticos.
Pero cualquier percepción de que se flexibilizan evaluaciones de riesgo minaría la credibilidad internacional de Canadá.
Más aún, el debate sobre el proyecto de ley C-233 —que busca eliminar la exención automática de controles para exportaciones hacia Estados Unidos— revela una zona gris estructural.
La integración profunda entre las industrias de defensa canadiense y estadounidense implica que componentes fabricados en Canadá pueden terminar en terceros países sin supervisión directa de Ottawa.
Defender valores universales mientras se acepta una opacidad parcial en el destino final de los productos es, como mínimo, una tensión incómoda.
El argumento económico tampoco puede ignorarse. Limitar severamente los mercados encarece la producción y traslada costos a los contribuyentes.
La industria de defensa requiere escala para sostener empleos y capacidad tecnológica.
Pero si la rentabilidad se convierte en el único criterio rector, el país corre el riesgo de erosionar un capital intangible construido durante décadas: su reputación como defensor del multilateralismo y los derechos humanos.
El verdadero desafío no es elegir entre industria o valores.
Es diseñar una política que integre ambas dimensiones de manera coherente y transparente. Eso implica, al menos, cuatro compromisos concretos:
- Transparencia reforzada en la publicación de datos sobre licencias, destinos y evaluaciones de riesgo.
- Supervisión parlamentaria independiente que audite decisiones sensibles.
- Trazabilidad tecnológica avanzada para minimizar el desvío o la reexportación sin control.
- Cláusulas contractuales estrictas que permitan suspender envíos ante evidencias creíbles de abusos.
Canadá no puede controlar todas las dinámicas del sistema internacional, pero sí puede controlar la coherencia de su política exterior.
En un mundo atravesado por guerras, rivalidades estratégicas y el auge de tecnologías militares disruptivas, la tentación de priorizar la competitividad es comprensible.
Lo que no sería comprensible es hacerlo a costa de los principios que el propio país proclama.
Exportar más armas puede ser una decisión estratégica. Exportar menos responsabilidad sería un error histórico.
La grandeza de una nación no se mide solo por la magnitud de sus contratos, sino por la consistencia entre su poder y su conciencia.
Crédito fotográfico : CNN